Este martes 7 de mayo, el fiscal de Juicio solicitó nueve años y ocho meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, detención inmediata y el embargo o la inhibición de los bienes para; el intendente Diego Caram, Pedro Jorge Brun, Claudio Deimundo y Mariangeles Solange García Fariña. En cuanto a Gabriela Itatí Gómez solicitó ocho años de prisión y para Marisel Casco solicitó dos años de prisión efectiva con accesorios legales y costas. La defensa insistió en la absolución de culpa y cargo de sus defendidos y solicitó la pena mínima y en suspenso de sus defendidos. Mañana se darán a conocer los montos punitivos.
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En la mañana de este martes 7 de mayo se realizó la jornada de cesura de pena en donde el Tribunal Oral Penal de Mercedes – hoy Tribunal de Juicio – de la tercera circunscripción escuchó los alegatos del juicio en el que está acusado Diego Caram junto a otros seis funcionarios municipales de los delitos de; “Incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real”. Además, dos de estos funcionarios son juzgados por la sustracción de documentos públicos agravada en concurso real.
El fiscal de Juicio, doctor Juan Alegre, solicitó nueve años y ocho meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, la detención inmediata y el embargo o la inhibición de los bienes a fin de realizar la devolución del dinero del erario municipal para; Diego Caram (actual intendente) Pedro Jorge Brun quien se desempeñara como Secretario de Hacienda y Finanza de la misma Municipalidad, Claudio Deimundo quien cumplía funciones como Tesorero Municipal durante la investigación y Mariangeles Solange García Fariña, quien se desempeñara como Jefa de Personal del municipio.
Para Gabriela Itatí Gómez, quien ocupaba funciones como encargada de Bienes Patrimoniales, solicitó ocho años de prisión inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, su detención inmediata y el embargo o la inhibición de los bienes a fin de realizar la devolución del dinero del erario municipal. Y en cuanto a Marisel Casco, quien se desempeñara como auxiliar administrativa de la Secretaria Privada de la Municipalidad, solicitó dos años de prisión efectiva con accesorios legales y costas.
Mañana miércoles 8 de mayo desde las 9 de la mañana retomará la audiencia en donde se darán a conocer los montos punitivos.
Audiencia
En primer lugar quiso hacer uso de la palabra Claudio Deimundo quien fue declarado responsable de peculado y falsificación de documentos y cumplía funciones como Tesorero Municipal durante la etapa de investigación. Durante su declaración, Deimundo manifestó cómo afectó a su profesión, a su salud y a su vida familiar la investigación y el desarrollo del juicio.
Luego hizo uso de la palabra el fiscal de Juicio, doctor Juan Alegre, quien compartió el informe realizado por los peritos del Poder Judicial en el cual se brinda un análisis de actualización económica respecto de los tres periodos que incluyen la investigación en curso y solicitó que se tenga en cuenta este monto actualizado y lo que representa para el erario municipal. Según dicho informe a la fecha los montos que fueron extraídos por los imputados ascienden a las sumas de; a 40 millones de pesos (primer periodo), 37 millones de pesos (segundo periodo) y 3 millones de pesos (último periodo) entre los meses de mayo y noviembre del año 2019.
Además, el fiscal hizo hincapié en la responsabilidad que como funcionarios públicos habrían incumplido los imputados y solicitó que hagan una devolución solidaria del dinero considerando; “El daño fue muy importante y debe disponerse el embargo o la inhibición de los bienes de cada uno de ellos para que respondan a la devolución del dinero del erario municipal”.
Teniendo en cuenta todo esto solicitó; nueve años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, además de la suspensión del cargo, la detención inmediata y el embargo o la inhibición de bienes a fin de resarcir al erario público para; el intendente Diego Caram, Pedro Jorge Brun, Claudio Deimundo y Mariangeles Solange García Fariña.
En cuanto a Gabriela Itatí Gómez solicitó ocho años de prisión inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, también su detención inmediata y el embargo o la inhibición de los bienes a fin de realizar la devolución del dinero del erario municipal. Y para Marisel Casco, solicitó dos años de prisión efectiva con accesorios legales y costas.
Los doctores Harispe y Sosa en sus conclusiones finales solicitaron la absolución de culpa y cargo de sus defendidos; Diego Martín Caram, Pedro Jorge Brun, Gabriela Itatí Gómez y Cecilia Maricel Casco. Además plantearon la inconstitucionalidad del proceso, pidieron atenuantes de la pena entendiendo que los acusados no tienen antecedentes penales y solicitaron la pena mínima y en suspenso de sus defendidos.
En cuanto a los pedidos realizados por la fiscalía los defensores alegaron que; en principio no le corresponde al tribunal tomar una decisión para la suspensión del cargo de sus defendidos entendiendo que dicha potestad le corresponde al concejo deliberante. También consideraron que los montos compartidos por la fiscalía que actualizan económicamente lo sustraído del erario público, no se condicen con los que en su sentencia compartió el tribunal el viernes pasado. Solicitaron además el rechazo del pedido de embargo o la inhibición de bienes.
Con respecto a la imputada Maricel Casco solicitaron la desvinculación definitiva de la causa teniendo en cuenta que ya realizó una provation y pidieron el rechazo del cumplimiento de la pena solicitada por el fiscal.
Los doctores Karam solicitaron tres años de prisión en suspenso para su defendido, Claudio Deimundo. Con respecto al pedido de embargo o la inhibición de bienes consideraron que pretende un efecto mediático y no corresponde al fuero penal que está en discusión.
Por último, los doctores Gauna y Ansola consideraron que su alegato el fiscal no tuvo en cuenta las cuestiones personales de ninguno de los acusados. Consideraron irrazonable la pena propuesta para García Fariña entendiendo que ella dependía de una secretaría y no tenía las mismas responsabilidades que otros funcionarios.
El juicio
Un total de 55 personas declararon no haber percibido dinero en concepto de planes sociales durante el juicio que inició en el mes de marzo de este año. Los hechos denunciados fueron cometidos entre los meses de mayo y octubre del año 2019.
El tribunal estuvo integrado por los doctores; Jorge A. Troncoso, como presidente, Juan Manuel I. Muschietti y Ramón A. Ríos. La secretaría del juicio estuvo a cargo de la doctora Roxana Mónica Ramírez y el fiscal de Juicio es el doctor Juan C. Alegre.
Los imputados, Diego Martín Caram, Pedro Jorge Brun, Gabriela Itatí Gómez, Cecilia Maricel Casco y Andrés Celestino Fernández fueron representados por los doctores Marcos Harispe y Silvio Sosa.
Mariangeles Solange García Fariña fue representada por los doctores Andrés Gauna y Ezequiel Ansola y Claudio Javier Deimundo por los doctores Pedro Karam y Juan Karam.
