“El que compró droga en las últimas 24 horas, descártela porque es de la mala”.
Tuit de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación.
Una es rápida y contundente, la otra lenta y persistente, pero ambas matan, la mala y la buena.
Con la muerte de 24 personas y la hospitalización de más de 80 en la Provincia de Buenos Aires por consumo de cocaína adulterada, parecía que explotó una bomba, no solo por su impacto periodístico sino fundamentalmente por el movimiento gubernamental en torno a ello.
En estos pocos más de dos años de gestión del actual presidente, es la primera vez que se observa, ostensible, la presencia del estado en el tema de drogas ilegales. De viaje a Rusia y China, tanto Alberto Fernández como Kicillof siguieron el tema con preocupación.
Con el desgraciado incidente, vuelve a tomar dimensión la temática de las drogas ilegales, que durante largos veintiséis meses parecieron adormilados o, directamente, olvidados.
La gravedad del hecho de la muerte u hospitalización de personas dispara nuevamente la discusión acerca de la intervención del estado tanto en lo referente al narcotráfico como al narcomenudeo y al consumo.
El debate nunca concluso sobre la eficacia de la prohibición de las drogas peligrosas y la alternativa de permitir el consumo regulado de las mismas como política de Estado, no tiene un final consensuado y contundente.
Estados Unidos es el país que más recursos destina a la lucha contra el narcotráfico, sin embargo es a la vez la sociedad con mayores niveles de consumo, es el imán para los mercaderes de la muerte.
Y donde hay narcotráfico hay corrupción pública, las estratosféricas sumas que se manejan, promueven la penetración narco en las estructuras del Estado, tanto políticas como policiales y judiciales. Sergio Berni expresó que “el narcotráfico es un delito federal. Cuando se autorizó a las provincias a intervenir en el narcomenudeo, se abrió la puerta para la corrupción en la policía y la justicia provincial”.
Si bien es un tema que impone la adopción de políticas de Estado que atraviesen horizontalmente los partidos, sin embargo pueden verse en el gobierno actual los sesgos ideológicos que impiden una continuidad en la metodología de lucha.
Está claro que en nuestro país es ilegal la comercialización de las drogas peligrosas (cocaína, marihuana, etc.), por lo que la obligación institucional es combatirla en todos los frentes. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho.
Cristina, con su dedito levantado cual maestra ciruela, enseñó días pasados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que “el neoliberalismo pugna por el achique del Estado… pero ¿qué pasa, y qué pasó, y qué está pasando en la región cuando se instalan estas doctrinas neoliberales? Aparece el narco”. Cuando no, el maldito neoliberalismo.
Pero, como todo buen populista, echa culpas a terceros pero no explica nada. Un estado presente no es un Estado gordo, sobredimensionado, elefantiásico, un Estado presente es un estado eficiente, con musculatura, que gasta donde debe gastar. No se trata solo del “cuánto” sino del “cómo”.
Pruebas al canto: Cristina gobernó durante ochos años (2007-2015) seguidos a la Argentina, luego de un primer mandato de su marido. Pareciera que no les alcanzó el tiempo para desplazar al “neoliberalismo”. La docencia que hoy ejerce nada tiene que ver con Teófanes Ciruela Notengo.
En 2014, luego de once años de gestión kirchnerista, la Sedronar y la Superintendencia de Drogas Peligrosas contaron con un presupuesto de $260,4 millones, contra un gasto en ese mismo año en el Fútbol para Todos cinco veces superior, de 1.410 millones. Como se ve, gastar dinero en el combate a las drogas es “neoliberal” y hacerlo en el fútbol es “progresista”.
Esta política de disminuir la presencia estatal en la lucha contra el narcotráfico continuó con el gobierno de Alberto Fernández. Se devaluaron áreas clave, como la eliminación, durante la gestión Frederic, de la Subsecretaría contra Narcotráfico y su reemplazo por una simple dirección, la prohibición de realizar inteligencia en las cárceles para desenredar la madeja de las mafias, la subsistencia de puestos judiciales vacantes que dificultan la tarea.
“En tres años probablemente sea el peor problema de nuestro país” expresó Horacio Rosatti, presidente de la Csjn, en diciembre de 2021, en una reunión de especialistas, lo que da la pauta de la importancia de la temática.
Pero el Gobierno pareciera que despertó de su narcolepsia recién la semana pasada, en que salieron a la calle a perseguir al “dealer” que vendió la cocaína adulterada que generó muertos y hospitalizados. Es decir, preocupó la adulteración, no la comercialización.
Qué otra conclusión cabe si no cuando el mensaje oficial no está en advertir los peligros de la adicción a las drogas, sino en promover el consumo “responsable”. Hizo mucho ruido la publicidad del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que textualmente expresa: “Anticipate para disfrutar como te gusta. Prácticas saludables: 1) Analizá cuál va a ser tu límite. 2) Mantené un vínculo, no te aísles. 3) Conocé el origen de lo que consumís. #ConsumoCuidado”. Como #PreciosCuidados, ¿vio?
El mensaje estatal hubiera sido más corto y contundente, así se ahorraban unos buenos pesos en el aviso: “Consumí, pero de la buena”. La realidad es que tanto la buena como la mala, matan. Obviamente, si se consume veneno, la mortalidad será inmediata y extendida, pero la adicción a las drogas peligrosas mata también, a la larga o a la corta, además de todas las consecuencias personales, familiares y sociales que su utilización acarrea, especialmente en los barrios marginales.
Según el último estudio nacional disponible sobre consumo de sustancias psicoactivas realizado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina en 2017, en el período 2010/2017, el consumo se incrementó un 100 %.
Obviamente, la letalidad sube geométricamente cuando la mezcla se produce con drogas de diseño, como el fentanilo (al parecer fue utilizado en el caso de la Provincia de Buenos Aires), un fuerte opioide sintético similar a la morfina pero entre 50 y 100 veces más potente.
Aníbal Fernández es un funcionario que generalmente huele mal. Durante su anterior gestión, la importación de efedrina (un precursor químico, también utilizado para la producción de drogas ilegales) se disparó geométricamente. Lo propio sucedió en este último tiempo con el fentanilo. ¿Casualidad o causalidad?
De cualquier modo, siendo el narcotráfico un problema mundial muy difícil de enfrentar, todo es más grave ante la incompetencia, la complicidad y la falta de continuidad en las políticas públicas.
Sesgar la discusión para el lado de las ideologías, es desviar el debate hacia direcciones impropias. Lo hace Cristina en sus periplos pseudo académicos, trayendo solo confusión y mensajes inoficiosos.
Sin dudas que el gobierno de Fernández, como hijo putativo del kirchnerismo, continúa con la política del “laissez faire, laissez passer”, relajando la presencia del Estado en el combate contra el narcotráfico.
Eso sí, cuando es de la mala, el Estado aparece con toda su contundencia, como cuidándole el prestigio al narco. No vaya a ser que el negocio decaiga por la mala mercadería.
(*) Por Jorge Eduardo Simonetti – jorgesimonetti.com
