La Subsecretaría de Comercio de la provincia debatió con pares de todo el país sobre importantes aspectos del marco regulatorio de Defensa del Consumidor. Resaltan que los resultados fueron “altamente positivos” y buscan concretar una reunión presencial en diciembre para avanzar con la resolución de las problemáticas planteadas.
Como parte de la cartera industrial del Gobierno de Corrientes, la Dirección de Defensa del Consumidor participa de foros, reuniones y capacitaciones para mejorar las prestaciones y así llevar mejores herramientas de resolución a los correntinos.
En esta ocasión, el director de la dependencia provincial, Orlando Seniquiel, representó a la provincia en el Consejo Federal del Consumo (COFEDEC) que se celebró en forma virtual y reunió a delegados de todo el país.
“Uno de los principales temas abordados fue analizar la aplicación de la figura de “Daño Directo prevista en la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y modificatorias”, explicó y manifestó que “Corrientes es de las pocas provincias que la siguen aplicando”.
En este sentido, en su alocución el funcionario provincial compartió numerosos antecedentes de la aplicación de esta normativa que se aplica ininterrumpidamente desde 2012 para que sean considerados en el documento final que surja del encuentro “como antecedente para recomendar y fundamentar su aplicación” al resto de las jurisdicciones del país.
Asimismo se trató la problemática de las estafas virtuales que afectan a consumidores bancarios y de tarjetas de créditos, con un pico de crecimiento durante la pandemia por el coronavirus. “Además de las recomendaciones de fortalecer las medidas de seguridad informática, se analizó la estrategia que está desarrollándose en algunas provincias de avanzar con recursos de amparo que permitan bloquear el cobro de las cuotas de estos préstamos no solicitados hasta tanto se investigue y resuelva judicialmente la cuestión”.
En tanto volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de crear un Registro Nacional de Infractores “de manera que todas las jurisdicciones puedan acceder a verificar las sanciones aplicadas a las empresas en cada provincia y consultar antecedentes sancionatorios para utilizarlos como elementos de ponderación antes de aplicar una multa”, indicó Seniquiel.
