por Corrientes al Día
Un proyecto presentado en la Legislatura de Corrientes propone instaurar controles toxicológicos obligatorios para funcionarios y empleados jerárquicos del Estado provincial. La iniciativa, impulsada por el diputado Pedro “Perucho” Cassani, del partido Encuentro Liberal (ELI), busca implementar un sistema preventivo conocido como “narco test” con el objetivo de reforzar la transparencia institucional.
La propuesta crea el Régimen de Evaluación Toxicológica Preventiva, que contempla la realización de exámenes para detectar la presencia de drogas ilícitas en quienes desempeñen cargos políticos o funciones jerárquicas dentro de la administración pública. Según el proyecto, el requisito sería obligatorio tanto para el ingreso como para la permanencia en el cargo.
El esquema planteado establece controles preventivos, periódicos y aleatorios, que alcanzarían a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También incluiría a autoridades y trabajadores de entes autárquicos, organismos descentralizados, empresas con participación estatal mayoritaria y organismos constitucionales como el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Uno de los puntos más novedosos del proyecto es que también alcanzaría a los candidatos a cargos electivos provinciales, quienes deberían someterse a los análisis toxicológicos desde la presentación de sus candidaturas y hasta 30 días antes de las elecciones.
Para garantizar transparencia en la selección de los controles, la iniciativa establece que los funcionarios evaluados cada año se determinarán mediante un sistema aleatorio basado en los resultados de la Lotería Nacional, evitando así posibles discrecionalidades.
Los estudios deberán realizarse a través de convenios con instituciones que aseguren independencia técnica. En caso de que un resultado dé positivo, el proyecto prevé una contraprueba obligatoria y la activación de protocolos sanitarios de evaluación médica, priorizando un enfoque de salud pública ante eventuales casos de consumo problemático.
Durante ese proceso, la autoridad competente podrá disponer una licencia preventiva del agente hasta determinar su aptitud funcional para continuar en el cargo.
El texto también contempla la confidencialidad de los resultados, los cuales serán considerados datos sensibles conforme a lo establecido por la Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de Datos Personales.
En los fundamentos de la iniciativa, Cassani sostiene que la propuesta apunta a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y a garantizar el cumplimiento del principio de idoneidad para el acceso y permanencia en la función pública, establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
“La propuesta tiene un carácter preventivo, sanitario e institucional, y apunta a garantizar que quienes ejercen funciones públicas lo hagan en condiciones adecuadas para la responsabilidad que la ciudadanía les ha confiado”, señala el proyecto.
La iniciativa toma como referencia experiencias implementadas en provincias como San Luis y Neuquén, e invita a los municipios correntinos a adherir al régimen. En caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 60 días para reglamentar su aplicación.
