El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, se refirió a la situación generada tras la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de poner en suspenso la Ley de Financiamiento Universitario hasta definir las fuentes de recursos. La medida, publicada el 20 de octubre en el Boletín Oficial, motivó una reacción inmediata de las universidades públicas nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que resolvieron recurrir a la Justicia para exigir su cumplimiento.
“El presupuesto que envió el Ejecutivo no satisface las necesidades del sistema universitario, porque proyecta para 2026 lo mismo que se transferirá en 2025, sin contemplar las pautas inflacionarias”, sostuvo Larroza. “Ni siquiera está presupuestado el 10% que el propio Gobierno reconoce”, agregó.
El titular de la UNNE remarcó que el sistema universitario atraviesa “un escenario muy complejo”, con presupuestos prorrogados que no alcanzan a cubrir los gastos básicos de funcionamiento. Sin embargo, aclaró que “la intención no es adoptar una postura confrontativa, sino responsable”.
“Estamos de acuerdo en exigir el cumplimiento de la ley, pero aún analizamos la vía judicial. No queremos una postura de enfrentamiento, sino encontrar soluciones”, explicó.
El rector insistió en que las universidades deben “agudizar la inteligencia y la capacidad de diálogo para salir de este momento”, aunque reconoció que la desfinanciación impacta directamente en los salarios, que representan el 90% del presupuesto universitario.
Impacto en la UNNE y prioridades de gestión
Larroza detalló que, en el caso de la UNNE, se trabaja sobre ejes prioritarios para garantizar la docencia, el apoyo estudiantil y el mantenimiento de servicios esenciales.
“Muchas obras debieron ser postergadas por falta de presupuesto, pero logramos sostener mejoras tecnológicas y de mantenimiento gracias a acuerdos con municipios y gobiernos locales”, explicó.
El rector lamentó que los fondos actuales no contemplen obras de infraestructura mayor, pero destacó que las alianzas institucionales permitieron mantener la expansión territorial de la universidad.
A pesar del contexto crítico, Larroza llamó a mantener la serenidad institucional. “No queremos que al país le vaya mal. Lo que pedimos representa apenas el 0,10% del presupuesto nacional”, subrayó.
“Es una cuestión de decisión política y de racionalidad. Las universidades públicas somos parte de la solución, no del problema”, concluyó el rector de la UNNE.
El CIN recurrirá a la Justicia por la suspensión de la ley
Reunido de forma extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del CIN decidió avanzar con una acción judicial para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
“Un decreto no puede suspender una ley”, afirmó el decano anfitrión Leandro Vergara, mientras que el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió: “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de leyes con amplia legitimidad social e institucional”.
El comunicado emitido tras el encuentro advierte que la decisión presidencial “viola de manera directa la división de poderes, mediante fundamentos inválidos”. Además, los rectores resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que el presupuesto 2026 contemple los recursos previstos en la ley y garantice la sustentabilidad del sistema universitario argentino.
