El conflicto universitario se profundiza tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. El miércoles, el Frente Sindical Universitario —que nuclea a las principales federaciones gremiales de trabajadores docentes y no docentes— confirmó que este viernes habrá paro nacional y más adelante una marcha federal para exigir que el Congreso insista con la norma.
La movilización se realizará el mismo día en que se trate el rechazo al veto en la legislatura, previsto para el 24 de septiembre, y contará con la participación de toda la comunidad universitaria, desde sindicatos hasta autoridades y estudiantes.
La ley, aprobada por amplia mayoría en el Congreso a mediados de agosto, garantizaba paritarias para recomponer salarios docentes y no docentes en línea con la inflación, actualizaba los gastos de funcionamiento de las universidades y creaba fondos específicos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Además, establecía un esquema de financiamiento progresivo: del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
El veto presidencial dejó sin efecto estas disposiciones. Según el decreto, la norma generaba “un incremento desproporcionado del gasto público sin recursos suficientes para solventarlo”, lo que implicaría un “desequilibrio fiscal” que terminaría trasladándose a los sectores más vulnerables vía inflación.
La respuesta gremial fue inmediata. “Está claro que el ajuste, lejos de pagarlo la casta, lo pagan los jubilados y los trabajadores universitarios”, denunció Norberto Heyaca, secretario general de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT).
En la misma línea, Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), advirtió: “La universidad pública, con su rol fundamental de ascenso social y motor de desarrollo, se encuentra hoy en una situación crítica”.
Las medidas fueron impulsadas por CTERA, FAGDUT, FATUN, UDA, CONADUH, CONADU y FEDUN, con la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que ya había resuelto el pasado 29 de agosto que, en caso de concretarse el veto, convocaría a una nueva Marcha Federal.
