Más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión de Alberto Fernández están paralizadas: de unas 2.700 inconclusas, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual gobierno, según un relevamiento realizado por la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), que integra Corrientes al Día.
En Corrientes, más de medio millón de cloacas siguen sin ser saneadas por la parálisis de obras nacionales o demoras en el envío de fondos. Entre ellas se encuentra la Planta depuradora cloacal Santa Catalina, una megaobra diseñada para tratar más de 115 mil metros cúbicos diarios de líquidos, con proyección hasta 2036.
La infraestructura permitiría una cobertura del 90% de las cloacas de la Capital y se levanta en un predio de 25 hectáreas. Sin embargo, los trabajos estuvieron paralizados durante ocho meses en 2024 por falta de fondos, y recién se reactivaron tras gestiones del Gobierno de Corrientes ante el BID y el Gobierno Nacional. Actualmente el avance es del 60% y se estima que estará operativa en dos años. Mientras tanto, las dos grandes cuencas de la ciudad siguen arrojando desechos sin tratar al río Paraná.
El interventor del Ente Regulador del Agua de Corrientes, Leopoldo Martínez, advirtió que “no terminar la obra significaría que la Capital siga volcando en crudo el líquido, afectando ambientalmente todo lo ubicado río abajo.
61 obras en ejecución y deudas millonarias
Según registros de Nación había 61 obras en ejecución en la provincia, aunque el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Corrientes registra 57, ya que cuatro pasaron directamente a la órbita provincial. Entre ellas se incluyen proyectos de saneamiento y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI)
En el caso de los CDI, el panorama es aún más crítico: un informe técnico provincial detalla que hay “19 obras paralizadas” en localidades como Tatacuá, Mocoretá, Riachuelo, Itatí, Monte Caseros, La Cruz y Mercedes, entre otras.
La deuda acumulada de Nación con empresas contratistas asciende a “$1.655 millones a valores actualizados abril de 2025”, mientras que se necesitarían casi “$6.700 millones adicionales” para finalizar los edificios.
Algunos casos extremos son los CDI de Tatacuá y Mocoretá, con deudas reconocidas pero nunca abonadas, lo que dejó neutralizados los contratos. En otras comunas como Palmar Grande y Mercedes, el avance físico supera el 60%, pero los pagos pendientes hicieron que las empresas abandonaran los frentes de obra.
Corrientes se hace cargo
Frente a este escenario, la Provincia asumió la continuidad de varias de estas construcciones con fondos propios. “Entre 18 y 20 CDI ya pasaron a manos de la Provincia para garantizar su finalización”, señaló Gisela Gasparini, coordinadora de la Unidad de Proyectos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Corrientes enfrenta así, el desafío de sostener con recursos propios obras que originalmente estaban financiadas por Nación.
