Roberto Báez, titular de la Federación Empresarial de Corrientes, cuestionó la restitución obligatoria del aporte patronal y advirtió sobre el impacto económico para las pequeñas y medianas empresas. “Es una carga injusta sin contraprestación”, afirmó.
La Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) expresó su “profunda preocupación” por el reciente fallo judicial que restituye el carácter obligatorio del aporte patronal al Instituto Argentino de Capacitación para el Personal de la Industria y Comercio (INACAP), medida que anula los efectos del Decreto 149/2025 y reactiva una obligación económica que había sido suspendida.
Roberto Báez, presidente de FECORR, fue tajante: “Este aporte, que equivale al 0,5% del sueldo básico de cada empleado de comercio —unos 70 mil millones de pesos anuales— vuelve a ser obligatorio, afectando de lleno a las PyMEs que hoy apenas logran sostenerse en pie”.
Desde la entidad empresarial advirtieron que la imposición del aporte perjudica especialmente a aquellas empresas no asociadas a cámaras comerciales que no reciben beneficios a cambio. “No corresponde que se obligue a financiar instituciones a las que ni siquiera se pertenece”, denunció Báez, y defendió el modelo de financiamiento voluntario que sostiene a FECORR: “Contamos con 65 empresas asociadas que aportan porque valoran lo que ofrecemos. Esa debería ser la lógica en cualquier organización”.
Dudas sobre el uso de los fondos
Báez también cuestionó públicamente al vicepresidente de la propia Federación Económica de Corrientes, Iván Vila, quien había declarado que el aporte era voluntario. “No entendemos por qué se afirma algo que está claramente determinado como obligatorio por las normativas vigentes”, replicó.
Además, el presidente de FECORR deslizó cuestionamientos al manejo de los millonarios fondos del INACAP. Si bien evitó entrar en detalles sobre la administración específica, aseguró que “existe una legítima duda sobre el destino de esos recursos” y defendió el derecho de las empresas a abstenerse de financiar capacitaciones que no consideran útiles.
FECORR evalúa acciones judiciales y respalda la reforma laboral
Frente al nuevo escenario, Báez anticipó que la entidad que encabeza continuará promoviendo acciones legales para que se respete la voluntad de los empresarios. En ese sentido, ratificó el respaldo de FECORR a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, en particular aquellas que eliminan aportes obligatorios y promueven la libertad de asociación.
“El espíritu del Decreto 149/2025 era claro: que cada empresa o cámara decida libremente si desea aportar. Eso es coherente con una economía moderna”, sentenció.
El fallo judicial también obliga a las empresas a pagar de manera retroactiva por el período en que no realizaron los aportes, lo que agrava el impacto económico. Por ello, desde FECORR se realizó un llamado a las autoridades judiciales y legislativas a “revisar la situación con mirada federal”, contemplando la realidad del interior del país.
“El sector PyME es hoy el verdadero motor de la economía real. No se lo puede seguir sobrecargando con decisiones unilaterales que afectan su competitividad”, concluyó Báez.
