El juez de Paz Barrial N° 1 de Corrientes fue suspendido por el Consejo de la Magistratura y enfrentará un juicio de enjuiciamiento. La denuncia por acoso sexual y laboral fue presentada por una trabajadora de su juzgado.
El juez de Paz Barrial N° 1 de la ciudad de Corrientes, Carlos Hugo Chiama, fue suspendido de sus funciones y enfrentará juicio político por mal desempeño tras una grave denuncia de acoso sexual y laboral presentada por una secretaria que trabajaba en su juzgado.
Así lo resolvió el Consejo de la Magistratura de Corrientes, que emitió la Resolución N° 36/25, donde se explicita que existen elementos suficientes para avanzar con el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, en una causa que conmociona al ámbito judicial provincial.
“Los hechos afectan derechos fundamentales de las víctimas y comprometen gravemente la confianza institucional”, sostiene el dictamen que justifica la acusación formal contra el magistrado.
La denuncia, calificada como gravísima por el nivel jerárquico del acusado, puso nuevamente sobre la mesa la problemática del acoso en el ámbito laboral del Poder Judicial, y generó un fuerte reclamo por parte de SITRAJ, el gremio que representa a trabajadores y trabajadoras judiciales, que exige que el proceso se concrete “con todas las garantías y sin privilegios”.
Silencio y sospechas de freno por jubilación
Desde que se conoció públicamente el caso, a principios de este mes de mayo, el silencio institucional alrededor del expediente fue llamativo, alimentado además por trascendidos sobre un posible freno del juicio a partir de un trámite jubilatorio en curso del propio juez Chiama.
Frente a eso, SITRAJ fue contundente: “El proceso debe continuar. La Justicia correntina no puede proteger a acosadores ni violentos, mucho menos cuando forman parte de la magistratura”, señalaron mediante un comunicado difundido esta semana.
En ese mismo pronunciamiento, el sindicato recordó que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo están tipificados por el Convenio 190 de la OIT, al cual Argentina adhiere, y remarcaron que los órganos judiciales tienen el deber de garantizar entornos laborales seguros y libres de todo tipo de violencia de género.
Un caso testigo para el Poder Judicial
La acusación contra el juez Chiama no solo interpela su conducta individual sino que pone en jaque la credibilidad institucional del Poder Judicial de Corrientes, al tratarse de un funcionario que, por su rol, debía garantizar justamente el acceso a la justicia de las víctimas de violencia.
Desde sectores vinculados a la lucha por los derechos de las mujeres y de los trabajadores no dudan en señalar que se trata de “un caso testigo” que puede marcar un antes y un después en la manera en que se abordan las denuncias de acoso dentro del sistema judicial.
“El acoso sexual en el trabajo es una de las más crueles formas de violencia. Más aún cuando quien lo perpetra se ampara en su investidura y en las relaciones jerárquicas de poder”, señalaron desde el entorno de la denunciante.
Con la suspensión firme del magistrado y la formulación de acusación, el paso siguiente será la conformación del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá determinar si Carlos Chiama debe ser destituido por mal desempeño y conducta incompatible con la función judicial.
Por ahora, el caso permanece bajo estricta reserva, pero desde la sociedad civil, el movimiento sindical y el ámbito jurídico crece el reclamo por un proceso transparente, sin privilegios y con enfoque de género.
