La idea es clara: un decreto no puede ser nunca un crédito a sola firma. Ni con el kirchnerismo, ni con Macri, ni con Milei.
Nuestra vida está atravesada por decretos, mientras algunos de ellos versan sobre cuestiones tan trascendentales como la salud, otros impactan en lo cotidiano como, por ejemplo, la posibilidad de pagar el boleto del colectivo con nuestros teléfonos, de acuerdo a los trascendidos de los últimos días.
Es así que, desde el retorno a la democracia se han firmado cientos de decretos de Necesidad y Urgencia, desde los 10 que emitió Raúl Alfonsín durante su mandato, hasta los 545 de Carlos Menem y, más cercanos en el tiempo, los 178 que dejó Alberto Fernández al finalizar su presidencia.
Sirvieron, o más bien se utilizaron, durante estos 40 años para modificar la estructura de ministerios, implementar planes de asistencia, realizar cambios al Presupuesto Nacional o como paliativos para transitar la pandemia, entre tantos otros usos y abusos.
Los DNU, previstos por nuestra Constitución Nacional, son una herramienta de la que pueden disponer los mandatarios cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir el camino legislativo previsto para la sanción de las leyes y siempre y cuando, estos, no avancen sobre materias como lo penal, tributario, electoral o de régimen de partidos políticos.
La Ley 26.122, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2006 y que debía posibilitar el control por parte del Congreso de las facultades que le son propias y son ejecutadas por el Poder Ejecutivo mediante decretos, en la práctica significó abrir la puerta de la discrecionalidad, transformando a ese recurso de excepción en una suerte de atajo para sortear al Poder Legislativo, en momentos en que este podría serle esquivo a los intereses del presidente de turno.
La propuesta que elevamos desde el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical modifica esa Ley, reglamentando el control de los decretos en sus tres tipologías, aplicando tanto a los famosos decretos de necesidad y urgencia, pero también a las facultades delegadas y a la reglamentación de leyes.
Buscamos, de esta manera, robustecer la seguridad jurídica y el Congreso es el lugar adecuado para ello. La previsibilidad de las normas es algo fundamental para recobrar la confianza de quienes quieran invertir en nuestro país.
Para ello, el principal cambio que proponemos es que para mantener su vigencia los decretos deberán ser aprobados, dentro del plazo, por ambas cámaras del Congreso, a diferencia de lo que ocurre hoy.
Además, entre las cuestiones que introduce el texto que planteamos, establece el momento desde el cual comienzan a regir los decretos, imposibilita que estos aborden más de una materia, incorpora la convocatoria automática a sesión, prohíbe al Poder Ejecutivo vetar un rechazo legislativo y obliga al jefe de gabinete a asistir al Congreso cuando es convocado.
La idea es clara: un decreto no puede ser nunca un crédito a sola firma. Ni con el kirchnerismo, ni con Macri, ni con Milei.
Durante años, las gestiones K impusieron sus números en el Congreso para transformarlo en una virtual escribanía, desarrollando una agenda que tenía más que ver con los intereses de sus dirigentes que con la de las necesidades de los argentinos y “cajoneando” cualquier iniciativa que tuviera origen en la oposición. Incluso, durante el mandato de Alberto Fernández, llegaron al límite de trasladar su interna partidaria al Senado, paralizándolo, con muy pocas sesiones y con comisiones impedidas de reunirse.
Hoy en el Congreso, estamos en pleno funcionamiento, trabajando desde el inicio del año durante el periodo de sesiones extraordinarias y con ánimo de aportar a los cambios que los argentinos exigen y la Argentina necesita.
Un oficialismo en minoría parlamentaria no es algo necesariamente negativo. Más bien todo lo contrario, es una buena oportunidad para el diálogo como vemos, gratamente, que está sucediendo en las últimas semanas.
En este marco, el radicalismo ha sido y seguirá siendo protagonista y garante del tratamiento de todos y cada uno de los temas. No significa que siempre estaremos de acuerdo con lo que proponga el oficialismo, pero nos comprometemos a seguir trabajando, haciendo los aportes que contribuyan a componer los mejores proyectos y leyes.
Durante los últimos días hemos dado muestras concretas de ello. Presentamos no sólo el proyecto que es eje de esta columna, sino que también hemos realizado propuestas legislativas en materias como educación y reforma laboral, entre tantas otras.
En el radicalismo contamos con especialistas en los más diversos campos, dirigentes que pueden contribuir con su experiencia de gestiones exitosas, pero también con un recambio generacional de jóvenes que son presente y futuro. Y en todo el país.
Estoy convencido que lograremos llegar a entendimientos superadores. Debemos hacer el esfuerzo para sostener la esperanza de un futuro mejor para los argentinos, sobre todo de aquellos que más están sufriendo.
Venimos de un fracaso estrepitoso y estamos pagando las consecuencias de esos desmanejos populistas. Estaba claro que necesitábamos cambiar y la mayoría de la gente votó este cambio. Nos guste más, o menos, debemos ser respetuosos de la democracia y aportar a estos nuevos aires desde el lugar para el que nos han elegido.
Esta iniciativa va en ese sentido, queremos minimizar “las zonas grises” en torno a los decretos, llevar mayor certidumbre a los procedimientos que los regulan y fortalecer, por consiguiente, la calidad democrática de nuestro país. Esa que debemos garantizar gobierne quien gobierne.
(*) Eduardo Vischi – Senador Nacional – UCR Corrientes
