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La Cámara Federal ordenó que se investigue el mayor atentado de Montoneros

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La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría que dicte un nuevo fallo respecto del pedido de un grupo de organizaciones civiles para investigar el atentado de Montoneros en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en 1976. En noviembre pasado, la jueza se había negado a reabrir el expediente sin darles trámite a los planteos; sostuvo que la causa había sido declarada prescripta y que eso no podía revisarse. Ahora, los camaristas le exigen que analice nuevamente el caso.

De esta manera surge una nueva oportunidad de juzgar el mayor atentado ocurrido en la Argentina durante los años 70. Una historia trágica que comenzó cuando un infiltrado de Montoneros colocó una bomba en una silla, cubierta por un sobretodo, en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, 2 de julio de 1976. El estallido, poco antes de las 2 de la tarde mató a tres oficiales de la Policía Federal, veinte suboficiales y una mujer civil, que había ido a visitar a una amiga.

El fallo de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi Mariano Llorens no establece que la causa deba reabrirse, pero le ordena a Servini que analice y responda los planteos de reapertura, algo que hasta ahora la jueza no hizo. Según la Cámara, el fallo de Servini que ratificó que el caso está prescripto “contiene vicios trascendentes que lo afectan como acto jurisdiccional válido” porque “no satisface los estándares de motivación exigidos por la ley”.

La Cámara destaca que la jueza no consideró “el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas” ni analizó “la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra” del ataque. Tampoco revisó -destacaron los magistrados- si se trató de un “caso de grave violación a los derechos humanos”. Esta categoría a la que aluden los camaristas podría ser la vía para reabrir la causa sin declarar que es un caso de lesa humanidad.

El responsable del ataque fue identificado como José María Salgado, de 21 años, que había cumplido el servicio militar en la Policía, mientras mantenía una activa militancia en Montoneros, que ya actuaba en la clandestinidad. Incluso, su nombre figura en la carátula de la causa judicial que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a otras entidades civiles, procuró reabrir a partir del escrito presentado en el juzgado de Servini.

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El comedor de la dependencia policial, ubicado en Moreno 1431, a una cuadra del Departamento Central de Policía, era frecuentado en su mayoría por personal civil y suboficiales de baja graduación, incluidas varias mujeres que pertenecían al área administrativa. Así lo había informado el propio Salgado a sus superiores en la organización guerrillera, pese a lo cual la conducción nacional del movimiento armado, con Mario Firmenich a la cabeza, decidió por votación seguir adelante con el plan. El fallo de hoy de la Cámara sostiene que fueron acusados como responsables del ataque los miembros de Montoneros Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza.

Dos semanas antes del ataque al comedor, el 18 de junio, una bomba había asesinado al jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Cardozo, en un hecho que conmocionó al país. El artefacto explosivo fue colocado debajo de su cama por la militante montonera Ana María González, que meses antes había trabado amistad con la hija del jefe policial.

José María Salgado, Pepe, Sergio o Daniel, el agente de 21 años que colocó la poderosa bomba vietnamita que voló el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976
José María Salgado, Pepe, Sergio o Daniel, el agente de 21 años que colocó la poderosa bomba vietnamita que voló el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976

A Cardozo lo sucedió el general Arturo Amador Corbetta, abogado y militar, partidario de combatir a los guerrilleros pero “con la ley en la mano”, explica el periodista Ceferino Reato en su libro “Disposición final”, en el que entrevistó al dictador Jorge Rafael Videla. El autor sostiene que el atentado en la Superintendencia de Seguridad Federal –un área conocida también como Coordinación Federal- provocó una fuerte reacción dentro de la Policía contra el liderazgo de Corbetta, quien duró solo diez días en su puesto.

Firmenich es detenido el 24 de octubre de 1984
Firmenich es detenido el 24 de octubre de 1984Archivo

Salgado se preparó y ensayó para el ataque. Durante los días previos ingresó varias veces a la dependencia policial con un paquete y comprobó que nadie lo revisaba. El día programado llevó un maletín con la carga explosiva de 9 kilos de TNT y bolillas de acero –una bomba de tipo vietnamita-, preparada en laboratorios de dos unidades básicas de La Plata. Lo dejó en la silla, con el detonante de tiempo activado, y abandonó el lugar. Tras el atentado, siguió combatiendo en Montoneros y hoy su nombre luce en el Parque de la Memoria, el monumento con el que el gobierno de la Ciudad recuerda a las víctimas de la represión militar.

Montoneros se atribuyó el ataque pocas horas después de la explosión, en un comunicado en el que definió al atentado como “un hecho de guerra”. Muy cerca del saldo final, la agrupación estimaba que la explosión había producido 25 muertos y confiaba en que podían ser más. Y pronosticaba que la capacidad operativa de la sede policial quedaría “seriamente afectada” por un período de tres meses.

De los 24 muertos (19 hombres y cinco mujeres), 21 fallecieron en el instante de la explosión. En los nueve días siguientes murieron otros tres en el hospital Churruca.

La columna de Montoneros, el 1 de mayo de 1974, el día que Perón los echó de la Plaza de Mayo
La columna de Montoneros, el 1 de mayo de 1974, el día que Perón los echó de la Plaza de MayoLA NACION

Asimetrías y reclamos

La presentación judicial que busca declarar crímenes de lesa humanidad a los atentados de los Montoneros y del ERP, entre otras organizaciones guerrilleras, es interpretada por sus impulsores como una oportunidad para corregir asimetrías que llevan décadas.

Adhieren al reclamo judicial el Foro de Generales Retirados, el Círculo Militar, el Foro de Almirantes, la Unión de Promociones, que reúne a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad; la Asociación Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, la Unión del Personal Militar Asociación Civil (Upmac) y la Corporación de Abogados Católicos, entre otras entidades.

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Cristina puso a Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía

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Si bien el anuncio lo realizó a través de las redes la vocera del Gobierno de la Nación, lo cierto es que no fue Alberto Fernández, sino Cristina Kirchner quien puso la ministra de Economía, que será Silvina Batakis, una kirchnerista de pura cepa.

Batakis fue secretaria de Provincias del Ministerio de Interior y ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, cuando Daniel Scioli era gobernador, luego se alejó del Cristinismo duro, pero pronto volvió a sus orígenes y logró ser el nombre impuesto por la Vicepresidenta para ocupar una cartera en crisis en un país en crisis con una experiencia muy limitada en el ámbito.

De Silvina Batakis solo se sabe que es oriunda de Río Grande, Tierra del Fuego, estudió economía en La Plata, vivió un tiempo en Chaco y, finalmente, recaló en la Ciudad de Buenos Aires. Llegó al ministerio del Interior, cartera controlada por La Cámpora, de la mano de Cristina Kirchner y ocupó la misma cartera en territorio bonaerense entre el 2011 y el 2017.

Tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio, fueron muchas las reuniones políticas y los pedidos internos de diálogo entre Cristina y Alberto. Finalmente, a las 20:13, el Presidente se encerró en su despacho y llamó a Cristina Kirchner para discutir el cambio de Gabinete.

Después de pasar toda la tarde junto a su círculo de confianza, decidió negociar una tregua con su compañera de fórmula y fue allí donde la vicepresidenta Cristina Kirchner impuso un nuevo nombre en una cartera clave del Gobierno de la Nación provocando otro golpe muy duro para el poder de Alberto Fernández.

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Martín Guzmán renunció en medio del discurso de Cristina Kirchner

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El ahora ex ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, renunció públicamente, a través de un posteo en la red social Twitter a la cartera que presidía. Lo hizo mientras hablaba Cristina Kirchner en un acto en Ensenada.

En un extenso texto de siete carillas, Guzmán, dijo que sus conceptos no habían logrado entusiasmar a otros miembros del Gobierno y advirtió que “la primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”.

“Una condición necesaria (…) era resolver el problema de las deudas externas insostenibles, que agobiaban tanto al Estado como a la Argentina toda. Ése era un punto de partida. Una condición necesaria, no suficiente, para sacar al país del sendero recesivo con destrucción de puestos de trabajo y de empresas por el que venía transitando, y retomar una senda de progreso económico y social”, agrega en otra parte del texto publicado.

Cabe señalar que la salida de Martín Guzmán del gobierno, no sorprende a nadie porque la presión sobre él se había intensificado, tanto de parte de los mercados como del ala kirchnerista del Gobierno que en los últimos días habían tenido acciones personales en su contra.

La danza de nombres para reemplazarlo comenzó y Sergio Massa está en el centro de la escena política, negociando el sucesor de Guzmán.

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A los 93 años murió el represor Miguel Etchecolatz

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Fue sentenciado nueve veces a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, pero no por lo ocurrido con unas 500 víctimas por las que aún era juzgado. Nunca reveló el destino de la nieta apropiada Clara Anahí Mariani.

Miguel Osvaldo Etchecolatz, el represor que durante la última dictadura militar ordenó la tortura y muerte en 21 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, murió este sábado a los 93 años, condenado nueve veces a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, y su figura será recordada en la historia argentina por ser uno de los principales responsables y ejecutores del período más oscuro del país.

No obstante, no llegó a ser condenado por lo ocurrido con unas 500 víctimas por las que aún era juzgado en sendos juicios en La Plata y sin revelar el destino de la nieta apropiada Clara Anahí Mariani, a quien retiró en sus brazos tras acribillar a balazos a su madre, ni el del albañil y militante Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave para que Etchecolatz recibiera, por primera vez en la historia judicial argentina, una condena por genocida.

Etchecolatz, quien falleció a las 5.30 de este sábado en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial, partió sin arrepentirse de sus crímenes ni pedir perdón a sus víctimas; por el contrario, siempre justificó su accionar ante los tribunales federales que lo juzgaban y cuya competencia rechazaba.

Sin titubear, mirando a los jueces con sus ojos pequeños y oscuros y sus labios finos curvados en una sonrisa sarcástica que parecía una mueca, aseguraba: “Dicen que yo maté, usan esa palabra hiriente; y yo no maté, yo batí en combate que es distinto, yo respondí a la agresión con el personal que tenía, murieron muchos de los nuestros y de esos pobres jóvenes equivocados o mal orientados”.

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Etchecolatz nació el 1 de mayo de 1929, en Nieves, una estación ferroviaria del partido bonaerense de Azul.

Tras un paso por la escuela pública y de estar pupilo en un colegio religioso de Olavarría, ingresó a la Escuela de Policía Juan Vucetich y poco después comenzó la carrera policial que lo acercaría al jefe de la Policía Ramón Camps, llegando a ser Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Estaba casado y tenía tres hijos; una de ellas, Mariana, quien pidió y obtuvo el cambio de apellido en un acto de repudio a lo que hizo su progenitor tanto en su rol policial como por la violencia que ejercía al interior de su familia, donde su sola presencia sembraba el terror; y ya como Mariana Dopazo no dudó en calificar a su padre como “la encarnación del mal en todos los ámbitos”.

Etchecolatz tuvo a su cargo 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, donde ordenó la tortura y muerte de miles de hombres y mujeres alojados allí, como lo determinaron las nueve condenas a cadena perpetua que recibió; la última en mayo de este año.

Fue el responsable de la desaparición de estudiantes secundarios de La Plata, en el hecho que se conoció como La Noche de los Lápices, y fue quien conocía qué pasó con Clara Anahí Mariani, apropiada a los tres meses de vida tras asesinar a su madre Diana Teruggi en un operativo de fuerzas conjuntas en la casa de la niña, en la ciudad de La Plata, el 24 de noviembre de 1976.

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Por varios testimonios se pudo saber que, tras la intensa balacera contra la casa -que incluyó un obús que destruyó parte del frente-, un policía retiró a la beba de la vivienda y la entregó a Etchecolatz, que aguardaba en un vehículo y se la llevó, sin decir nunca a quien la entregó.

En 1986, Etchecolatz fue sentenciado a 23 años de cárcel como responsable de haber ejecutado 91 tormentos pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia por aplicación de la Ley de Obediencia Debida.

En el 2001 se lo detuvo por el robo de una beba hija de desaparecidos, Carmen Sanz, nacida en el Pozo de Banfield, y fue condenado a 7 años de prisión y por su estado de salud, se le aplicó el beneficio del arresto domiciliario que le fue revocado en junio de 2006, al constatarse que poseía un arma de fuego en su domicilio.

En el 2004, en el marco del juicio que se siguió al médico de la policía Jorge Bergés, Etchecolatz fue condenado a 7 años de prisión, sentencia que fue recurrida, reduciéndose a 3 años.

En el 2006 comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, donde se oyó uno de los testimonios más conmovedores y precisos sobre el accionar de Etchecolatz en los centros clandestinos a su cargo: fue el que brindó el albañil Jorge Julio López.

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El albañil, que desapareció en el marco de ese juicio el 18 de septiembre de 2006, cuando salió de su casa para ir a escuchar los alegatos del juicio, no dudó en afirmar al declarar que Etchecolatz “era un asesino serial, no tenía compasión”.

El 19 de septiembre de 2006 fue condenado a reclusión perpetua por “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”, imputación que se aplicó por primera vez en el país.

En el 2011 fue condenado por el accionar represivo y el genocidio aplicado en lo que se denominó Circuito Camps.

En el 2013, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata unificó estas tres condenas por delitos de lesa humanidad que recibió Miguel Etchecolatz en una única de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua.

Mientras se leía la sentencia, Etchecolatz tenía en sus manos un papel donde se leía el nombre de Jorge Julio López, una imagen que resultó escalofriante a más de dos décadas de retornada la democracia y en el marco del avance de los juicios de lesa humanidad.

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En marzo de 2016, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a Etchecolatz a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición en junio de 1977 de los militantes universitarios Daniel Favero y María Paula Álvarez, aunque le fijó una pena única de prisión perpetua debido a las sentencias anteriores que ya existen en su contra.

A pesar de tener tantas condenas por genocida, Ertchecolatz seguía siendo policía de la provincia de Buenos Aires y recién en agosto de 2017 fue exonerado de la fuerza policial provincial. Cuando le fue notificada su exoneración, Etchecolatz firmó y debajo escribió “prisionero de guerra”.

En octubre de 2018 fue condenado a perpetua por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, de Esteban Echeverría.

En el 2020 sumó otra condena a perpetua por los secuestros, torturas y muertes a detenidos alojados en la Brigada San Justo y finalmente, en mayo de este año se lo condenó a perpetua por los secuestros y torturas de siete personas en el excentro clandestino de Pozo Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de cuatro de esas víctimas, entre las cuales está Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices. (Télam)

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