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Claves sobre el Gasoducto Néstor Kirchner. Acusaciones, dudas y lo que resta saber

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Según un informe recibido por www.corrientesaldia.info desde https://www.construar.com.ar, luego de una crítica de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la participación de una filial de Techint en la elaboración de los caños de la obra, el ministro Matías Kulfas atribuyó responsabilidades a la empresa IEASA por no haber seleccionado a otra empresa nacional, lo que forzó su salida del gabinete.

IEASA defendió la cuestionada licitación y contradijo a la Vicepresidenta y a Kulfas, mientras que Laminados Industriales SA -compañía señalada por el ministro como posible fabricante de los caños- negó tener capacidad para realizar el trabajo.

Este gasoducto, cuya construcción tuvo demoras en la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) y de Alberto Fernández (Frente de Todos), es necesario para ampliar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hasta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las declaraciones públicas del ministro Matías Kulfas y un mensaje posterior difundido a través de WhatsApp por voceros del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación derivaron en su salida del gabinete. El problema de fondo es el Gasoducto Néstor Kirchner, que podría terminar con el déficit energético de la Argentina y cuya construcción tuvo demoras en la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) y de Alberto Fernández (Frente de Todos).

En esta nota, explican las claves y las dudas sobre una obra crucial que consta de 2 etapas, y que enfrenta a 2 de los sectores que conviven en la alianza gobernante: el kirchnerismo y el albertismo.

1. LA CRÍTICA DE CFK Y LA RESPUESTA DE KULFAS

En el acto por los 100 años de la petrolera YPF, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la licitación del gasoducto y criticó la adjudicación de una parte del proceso a SIAT SA, una filial de la metalúrgica Techint a cargo de la fabricación de los caños que compraría materiales para hacerlos en Brasil.

“Tenemos también que comenzar a exigir porque quien provee los caños es una gran empresa multinacional de origen argentino”, comenzó la ex presidenta, y agregó: “Pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. Muchachos: no podemos seguirle dando US$ 200 millones para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en Argentina”.

Kulfas contestó en una entrevista radial en AM 750 esa misma noche de viernes: “La empresa que licita es IEASA, que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Ahí están establecidas las condiciones”. Y agregó: “Hace unos días hicimos el anuncio importantísimo de que la Argentina vuelve a producir chapa naval, esa chapa perfectamente se puede usar para construir gasoductos, tiene que ver con la manera con la que se establece la licitación y se desarrolla la obra”.

Luego apareció el ya mencionado off the record (una declaración en la que se reserva la fuente), proveniente de la cartera a cargo de Kulfas. “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”, señala ese mensaje, en referencia a la empresa estatal Integración Energética SA (IEASA, ex Enarsa). Y agrega: “Ellos armaron un pliego de licitación a medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor”.

Y concluye: “Si en lugar de esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto de caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA)”.

En síntesis, la controversia entre ambos sectores de la alianza envuelve a 3 empresas: IEASA, cuyo presidente es Agustín Gérez y que tiene a su cargo la licitación de la obra; SIAT SA, una filial de la metalúrgica Techint que obtuvo la licitación de la fabricación de la cañería y que compraría la chapa necesaria en Brasil; y Laminados Industriales SA, empresa de la provincia de Santa Fe señalada por Kulfas como posible proveedor local.

2. LA CONTRADICCIÓN ENTRE IEASA Y CFK, Y LA DESMENTIDA DE LA EMPRESA NACIONAL A KULFAS

IEASA contestó con un comunicado en el que desmintió el mensaje del off y defendió la licitación cuestionada por Kulfas. “Una condición previa para proceder a definir los espesores necesarios, es determinar la clase de trazado del gasoducto”, señaló la compañía.

Y agregó: “Previo a iniciar el proceso licitatorio, Energía Argentina procedió a solicitar a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero que indicara qué empresas podían cumplir con dichos requisitos técnicos. La respuesta fue que solo SIAT SA (Techint) cumplía. Pese a esto, se realizó un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras. Hubieron consultas realizadas por 6 empresas, pero luego solo SIAT SA presentó oferta”.

Pese a que había cuestionado la adjudicación de SIAT SA y de la compra de cañerías para la obra, la Vicepresidenta replicó el comunicado de IEASA en su cuenta de Twitter. Y a las pocas horas se anunció la salida de Kulfas del gabinete.

Por otro lado, en cuanto a la versión de Kulfas, la empresa Laminados Industriales fue consultada por Infobae sobre su capacidad para intervenir en la obra del gasoducto. “La empresa se encuentra en proceso de ampliación de su gama de productos, desarrollando pruebas para la producción de chapas gruesas con calidad API, que es la calidad estandarizada para usar en gasoductos y oleoductos (API/American Petroleum Institute). Actualmente, no produce chapa con calidad API apta para gasoductos, ni tampoco apta para caños de 36 pulgadas de diámetro”, indicaron. Es decir que validaron la posición de IEASA en la licitación.

Chequeado consultó a IEASA para saber quién fue el funcionario que definió las especificaciones técnicas de la licitación, pero no obtuvo respuesta.

3. EL TRANSPORTE DE GAS Y LA IMPORTANCIA DE LOS GASODUCTOS

Toda esta controversia tiene su origen en el Gasoducto Néstor Kirchner, pero ¿qué es un gasoducto? “Un gasoducto es un conducto que transporta o transmite gas natural, en general a largas distancias y grandes volúmenes”, describe el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en su página web.

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Según se desprende de los datos oficiales y declaraciones de funcionarios, el problema actual de la Argentina no radica en su capacidad de producción de gas, sino en su capacidad de transportarlo. “Tenemos los 2 (gasoductos) Neuba colapsados, no tenemos transporte para seguir creciendo en gas”, señaló a fines de 2021 Pablo González, presidente de YPF. Los gasoductos Neuba I y Neuba II transportan gas desde la Cuenca Neuquina hasta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Como se explicó en esta nota, la capacidad de transporte de todos los gasoductos de la Argentina alcanzó su máximo histórico en 2010, cuando fue de 136,7 millones de metros cúbicos por día. Desde entonces hasta hoy, esa capacidad se redujo a 128,1 millones. El Gobierno nacional planea avanzar en esta obra para disminuir la importación de gas y en un próximo paso poder exportar a destinos como Europa.

El primer llamado a licitación sobre el gasoducto que está actualmente en debate se realizó en 2019, durante la gestión de Cambiemos, pero luego de varias prórrogas -la última durante la gestión del Frente de Todos- ese llamado fue derogado y se inició un nuevo proceso, que derivó en el llamado licitatorio del viernes último, en el que IEASA convocó a empresas a participar de la obra civil de construcción del nuevo gasoducto. Al día siguiente, Kulfas fue despedido del gabinete por el presidente Fernández luego de las críticas de la Vicepresidenta.

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Javier Milei decretó el cierre definitivo del INADI y generó polémica

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Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dio a conocer la decisión del presidente Javier Milei y advirtió que continuarán desmantelando otras oficinas del Estado que “no sirven absolutamente para nada”.

Tal como lo había anticipado en campaña, Javier Milei tomó la polémica decisión de decretar el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La medida, que se oficializó mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se fundamenta en la necesidad de “reorganizar el Estado” y “optimizar recursos”.

Organizaciones sociales, referentes de la lucha por los derechos humanos y sectores de la oposición han expresado su repudio a la decisión, considerándola un retroceso en materia de políticas públicas contra la discriminación. Argumentan que el INADI cumplía un rol fundamental en la promoción de la igualdad y la no discriminación, brindando asistencia y acompañamiento a las víctimas de actos discriminatorios.

Por otro lado, desde el oficialismo se argumenta que las funciones del INADI serán absorbidas por otros organismos del Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos, y que se creará un nuevo Consejo Federal para la Lucha contra la Discriminación.

Esta medida fue tomada porque consideran que el INADI se convirtió en un organismo “burocrático e ineficiente”, que no ha logrado cumplir con sus objetivos. Señalan que la discriminación es un problema complejo, que no puede ser abordado por un solo organismo, por lo tanto, las funciones del miemo serán absorbidas por otras áreas del Estado.

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Nación pagará un Bono de $70.000 a jubilados en marzo

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El gobierno argentino anunció un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos ($206.000) a partir de marzo. Esta medida busca paliar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables de la sociedad.

¿Quiénes lo cobrarán?

Jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos ($206.000)

Pensiones no contributivas (PNC)

Pensiones por invalidez

Se abonará en dos cuotas:

$35.000 en marzo

$35.000 en abril

Se acreditará automáticamente en la misma cuenta donde se cobra el haber jubilatorio o pensión.

¿Es un aumento permanente?

No, se trata de un bono extraordinario por única vez.

Reacciones a la medida

Desde la oposición, consideran que el bono es insuficiente y que se necesitan medidas más permanentes para mejorar la situación de los jubilados.

Las organizaciones de jubilados valoran la medida, pero advierten que es necesario un aumento de los haberes que acompañe la inflación.

El bono de $70.000 es una medida que busca aliviar la situación de los jubilados ante la escalada inflacionaria. Sin embargo, no es una solución permanente. Se necesitan medidas más estructurales para mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Otros anuncios

El gobierno también anunció un aumento del 17,04% para las jubilaciones y pensiones a partir de marzo.

Se incrementará el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para jubilados.

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Jujuy. Está preso hace más de un mes por publicar un tuit sobre la mujer de Gerardo Morales

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Marcelo Nahuel Morandini cumple hoy 48 días preso en una cárcel de Jujuy. Ingeniero ambiental y profesor de la Universidad de Salta, está acusado de dos delitos que, sumados como pretende la fiscalía, lo pueden dejar en prisión hasta ocho años: lesiones psicológicas y alteración de la identidad de una menor.

Según el fiscal, Morandini, con un tuit que publicó, puso en duda la fidelidad de Tulia Snopek, la mujer del exgobernador Gerardo Morales, cuestionó su “dignidad” y la de su marido, y así “sembró el virus” que hizo que en las redes sociales se propagaran mensajes que sostienen falsamente que Morales podría no ser el padre biológico de la hija de dos años que tiene con Snopek.

El tuit por el que fue arrestado y está a un paso de ir a juicio, dice: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”.

Según el fiscal Hugo Walter Rondón, de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 1 de Jujuy, las víctimas de Morandini son la mujer del exgobernador, que sufrió un “serio estrés” por los rumores que se difundieron en la web, y la hija de ella y de Morales. “Se perturbó el estado civil de una persona totalmente inocente, generándole un daño que es prácticamente imposible resarcir”, dijo el fiscal, en alusión a la niña, el 5 de enero pasado, en la primera audiencia con los acusados de la causa (a cuyo registro fílmico accedió LA NACION). En esa audiencia, el fiscal explicó los motivos del arresto de Morandini, que había sido horas antes. “La virginidad existencial de una menor de dos años no se puede reparar, será una querella, pero el daño es irreparable”, afirmó. Ese fue un motivo central para sostener que Morandini no podía recuperar la libertad.

El tuit en cuestión fue publicado el 26 de diciembre pasado. Según la fiscalía, ese día empezó un proceso de la viralización. “Uno tira la piedrita y el vidrio se rompe en mil pedazos”, sostuvo Rondón. En este caso, para la Justicia, la piedra la tiraron al menos dos personas porque Morandini no es el único detenido: también fue arrestado, en simultáneo, Humberto Roque Villegas. Los dos siguen presos por orden del juez de la causa, Pablo Pullen Llermanos.

La fiscalía anunció además que el plan es que las detenciones continúen. Advirtió que apunta, sobre todo, a quienes reprodujeron fotos de la hija de Morales junto con leyendas sobre la supuesta sospecha de infidelidad. También estarían buscando a la autora de un audio, que se viralizó por WhatsApp, que daba por cierta esa relación prohibida y decía que obligaría a Los Tekis a cambiar sus planes para el carnaval de este año.

Como una prueba para la causa, la querella presentó un informe psicológico sobre Snopek, que sostuvo que ella mostraba, entre otros síntomas, una “falta de energía psíquica y disminución de su voluntad”, con un “estado emocional displacentero de tensión, tristeza y angustia” y que “a nivel cognitivo” denotaba “una disminución en cuanto a su capacidad para concentrarse”, sumado a “un mecanismo defensivo de aislamiento”.

Morandini y Villegas no se conocían. Morandini –que tuiteaba como “El Morondanga”- tiene 45 años, está casado y es padre dos hijas, de 4 y 8 años. Con su mujer, Lucía Castro Olivera, que es antropóloga, participó de las marchas contra la reforma constitucional promovida por Morales, pero ninguno de los dos tiene militancia política orgánica, dijo a LA NACION Castro Olivera. Villegas tiene 42 años, secundario incompleto y se dedica a la serigrafía. A partir del 31 de diciembre pasado reprodujo una serie de publicaciones en Facebook alusivas a la supuesta infidelidad de Snopek, el caso que, según uno de los posteos que Villegas replicó, es “El culebrón jujeño del año”.

La causa se inició por una denuncia de la mujer del exgobernador. A Morandini y Villegas se los acusó de “lesiones psicológicas agravadas en contexto de violencia de género” (contra Snopek) “en concurso real con el delito de tornar incierta la identidad de una menor de 10 años”.

Este último delito es el previsto en el artículo 139 del Código Penal, que dice que “se impondrá prisión de 2 a 6 años al que (…) por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”. En la primera audiencia con los acusados, el fiscal recordó que esta figura penal se aplicó al robo de bebés durante la dictadura y dijo hoy es más amplia y aplica también a este caso. “Hay muchas formas de perturbar el estado civil y la filiación. Y esta es una persona totalmente indefensa”, insistió.

En cuanto a los motivos de las prisiones preventivas, el fiscal dijo, el 5 de enero, que había que tener en cuenta “la pena que podría llegar a aplicárseles” a los imputados, que es alta. Alegó que “algunos abogados”, basados en fallos de la Corte Suprema, dicen que la expectativa de pena no es motivo suficiente, pero que eso es “anacrónico”. También sostuvo que, de quedar en libertad, podrían seguir posteando en redes e incluso “intimidar” a posibles testigos.

Ninguno de los dos acusados declaró en el expediente. Así se los recomendaron -dijeron- los abogados que los representaban cuando los arrestaron. A Villegas lo defiende la defensa pública; Morandini cambió de abogados. Tomaron su caso la exministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal, que ya conocían la justicia jujeña por su experiencia como abogados de Milagro Sala. Ellos pidieron el “inmediato sobreseimiento” de Morandini por “inexistencia de delito”. Dijeron que la hipótesis acusatoria carece “de sustento normativo y fáctico”, que se está afectando la libertad de expresión y que, con la detención, incluso podría estar en juego una “responsabilidad internacional” del Estado Argentino.

LA NACION se comunicó con un vocero del exgobernador y con un abogado de Snopek, que no quisieron hacer declaraciones. Este medio también intentó, sin éxito, contactar al juez y al fiscal de la causa.

Lucía Castro Olivera, la mujer de Morandini, dijo a LA NACION que él está detenido en la cárcel de Gorriti, en un pabellón con 63 personas más y que sólo le permiten salir al patio los lunes, el día de visitas. Relató que los primeros tres días de detención los pasó en una celda de aislamiento.

Según su relato, la detención fue irregular. “Notamos movimientos extraños frente a nuestra casa [viven a las afueras de San Salvador de Jujuy]. Nahuel salió a preguntar qué necesitaban y los hombres le dijeron que buscaban a un albañil enfrente”, contó. Pero en otra ocasión, él llegó a su casa y vio gente entrando a su terreno. Entonces -afirmó Castro Olivera- estas otras personas le dijeron que tenían un problema con el auto y que buscaban agua para el radiador. El tercer episodio, de acuerdo con su relato, fue la extraña aparición de una joven. “Una chica, en la puerta de mi casa, me dice que necesitaba cargar el celular, que había perdido a sus amigas. Yo la dejé entrar”, contó. Después, la joven le dijo que en realidad tenía una citación para entregar a un hombre de apellido Morán, nombre que luego cambió por “Morandini”. Finalmente, le preguntó si aceptaban recibir la citación. “Le dijimos que sí. Llegaron después dos hombres en un auto sin patente. Le dijeron a Nahuel que subiera al auto y que ellos lo llevaban. Él no quiso subir a ese auto sin patente y fue en el auto nuestro”, relató Castro Olivera.

En el expediente se les secuestró el teléfono a los acusados y se investigaron sus comunicaciones por WhatsApp, que fueron citadas, en el caso de Morandini, como prueba en su contra. También se les prohibió a los detenidos, a sus familiares y a sus amigos que hicieran menciones públicas a Morales, a su mujer o a la hija de ambos, relataron los abogados de Morandini. Esta semana se consideró terminada la investigación y la causa marcha a juicio.

Fuente: Paz Rodríguez Niell – diario La Nación

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