Este domingo se cumplen 27 años del atentado a la AMIA que dejó 85 muertos, trescientas personas heridas y una sociedad marcada para siempre. A casi tres décadas de una de las peores tragedias de la reciente historia argentina, no hubo un solo gobierno que haya cumplido su obligación de lograr verdad, reparación y justicia.
Violación de derechos humanos
En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso del atentado a la AMIA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En el informe de fondo elevado a la Corte, la CIDH atribuyó al Estado la responsabilidad por la impunidad y el encubrimiento que resultaron en la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, de acceso a la información, a las garantías judiciales, a la igualdad y a la protección judicial.
Además, la CIDH ponderó que Argentina conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía local, pero no adoptó medidas razonables para mitigar dicho riesgo. Esta omisión del Estado en proteger los derechos a la vida y a la integridad personal implicaron también una violación al derecho a la igualdad y no discriminación.
Finalmente, el organismo concluyó que durante la investigación se cometieron graves falencias, desvíos y encubrimientos.
Un ciclo de impunidad que debe terminar
Hasta hoy no se conoce la verdad detrás del atentado. El gobierno argentino tiene la obligación de garantizar la realización de una investigación adecuada y sancionar a los culpables; profundizar el proceso de relevamiento de archivos; crear una unidad especializada en catástrofes; entre otros. Sin embargo, todos estos compromisos, aún están pendientes.
Como todos los años, Amnistía Internacional llama al Estado argentino a avanzar en la investigación de los hechos, poner a disposición la documentación necesaria y hacer su mayor esfuerzo para esclarecer lo ocurrido.
