El Presidente prorrogó por seis meses la intervención del organismo anti discriminación. La funcionaria había sido imputada por ofrecerle un beneficio a una trabajadora de casas particulares
El presidente Alberto Fernández ratificó a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), a cargo de Victoria Donda. La confirmación se produce luego del revuelo que se generó porque salió a la luz que la funcionaria le ofreció a su empleada que realiza tareas domésticas un puesto en el Estado con el objetivo de “ayudarla” a su economía personal.
El decreto 22/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece la prórroga por un plazo de 180 días la intervención de Victoria Donda en el organismo y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
La intervención en el organismo descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación corre desde el 8 de julio de 2020. La dirigente política llegó a ese lugar tras haber sido electa como diputada nacional en el 2019.
A fines de 2020, Victoria Donda quedó involucrada en una denuncia de su ex empleada, Arminda Banda Oxa, que le reclamaba una demanda por subregistro de la relación laboral y pago de aportes pendientes. En varios audios de Whatsapp, la interventora del INADI le ofreció a Banda Oxa que gestione uno de los programas de trabajo del Estado nacional para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
En la denuncia, se transcribieron algunos mensajes que Donda le envió a Banda Oxa. ”Necesito que hablemos a ver si querés que te acompañe para sacar la jubilación. Y qué querés que hagamos con el aporte. Yo obviamente quisiera como te dije continuar la relación laboral. Pero entiendo si no podés y renunciás”, dijo. Y agregó: “Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI (…)”. Las grabaciones concluían con el ofrecimiento concreto de “anotarla en un plan” y hacer los trámites correspondientes para que pueda tramitar su jubilación.
Lo que se sabe a través de los recibos de sueldo es que Arminda empezó a trabajar de manera registrada para Donda en julio de 2016. En aquella oportunidad, la titular del INADI le pagó un sueldo de $5.000. El último recibo data de este mes, enero de 2021, y el pago fue exactamente el mismo.
En un descargo público, la funcionaria del gabinete de Alberto Fernández: “Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio”.
Después del escándalo, la continuidad de Donda en el INADI estuvo en duda. Según supo Infobae, el presidente le rechazó su renuncia porque creyó que las críticas eran injustificadas. En su última declaración pública sobre el tema, Alberto Fernández respaldó a la funcionaria. “No tengo dudas de que fue de alguien de que quiso hacerle daño. Quien conoce a Victoria sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado”, consideró el jefe de Estado. La voz del mandatario fue uno de los pocos pronunciamientos de apoyo a la cuestionada dirigente en el Frente de Todos.
Por el incidente, Donda quedó imputada por los delitos de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta en el Juzgado Federal 12, quien subroja el juez Sebastián Casanello. La investigación es llevada adelante por el fiscal Guillermo Marijuán.
Fuente: Infobae
