El diputado chaqueño, Leandro Zdero propuso la creación de un Fondo para Insumos y Útiles Escolares Básicos de los establecimientos educativos estatales dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. “Este Fondo tendría como propósito facilitar elementos indispensables y básicos al personal docente para el desarrollo de las clases y el normal funcionamiento del programa de aprendizaje en toda la provincia”- indicó.

El proyecto de ley N° 1548/2022 ya ingresó a la Legislatura y establece que se compondrá de dos (2) partidas semestrales, cuyo monto será a partir de la categoría de cada institución educativa, a saber:

a) Primera categoría: Nivel inicial: el equivalente a 550 litros de nafta Súper = $70.675; Nivel Primario y Secundario: el equivalente a 400 litros de nafta Súper = $51.400.

b) Segunda categoría: Nivel inicial: el equivalente a 270 litros de          nafta Súper= $34.695; Nivel Primario y Secundario: el equivalente a 200 litros de nafta Súper =$25.700.

 c) Tercera categoría: Nivel inicial: el equivalente a 200 litros de nafta Súper = $25.700; Nivel Primario y Secundario: el equivalente a 150 litros de nafta Súper = $19.275.

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*El Proyecto determina además, que se deberá actualizar la suma fijada para cada establecimiento educativo.

Los docentes no deberían gastar de su bolsillo.

“En cada recorrida por la provincia, los docentes me transmiten que las innumerables tareas administrativas, escolares y pedagógicas generan gastos en insumos y ellos, no siempre lo pueden solventar”.

Por último, Zdero remarcó: “El objetivo de este Fondo consiste en servir de apoyo para materiales básicos e indispensables que contribuyan al normal funcionamiento de las clases, como ser tizas, borradores, libros, diccionarios, libros educativos, material bibliográfico, etc. y sirva de ayuda a los docentes para no incurrir con su bajo salario en afrontar dichos costos; sin que el personal directivo, docente o cooperadora escolar tengan que recurrir a beneficios, generalmente fuera de los horarios laborales, o aportar de sus propios bolsillos, entendiendo que es función indelegable del Estado atender las necesidades básicas escolares que posibiliten el normal desempeño de la institución escolar”.

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Finalizó el juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí y la Justicia Federal reconoció la responsabilidad del Estado argentino por los hechos ocurridos el 19 de julio de 1924 en el paraje El Aguará. Durante el juicio, docentes e investigadoras de la Universidad Nacional del Nordeste expusieron las conclusiones de sus trabajos y brindaron pruebas y documentos. “El aporte de las investigadoras de la UNNE, al juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, ha sido muy valioso, importante y trascendente”, remarcó el fiscal Federal Ad Hoc Diego Vigay.

El 19 de mayo se realizó la última audiencia pública del juicio por la Masacre de Napalpí, en la que se escucharon los alegatos finales y se pudo conocer la sentencia. La Justicia Federal reconoció la responsabilidad estatal en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal (art. 80, inc. 2 del C.P –según redacción 1921-)  en reiteración de hechos que concursan entre sí, y reducción a servidumbre (art. 140 C.P), en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real (art. 55 del C.P.)-, por el cual resultaron asesinadas entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqoit y Qom en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco.

“La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes”, indica el fallo. En la sentencia también se expresaron una serie de medidas reparatorias para las comunidades indígenas que deberán ser implementadas por el gobierno del Chaco y el Estado nacional. La lectura de la sentencia se hizo de manera simultánea en las lenguas qom y moqoit.

Aporte de la unne

La causa se inició de oficio en el año 2014 y recién este año pudo llegar a un juicio por la verdad. Consultado sobre los aportes realizados desde el campo académico, específicamente sobre la UNNE, Vigay resaltó la contribución de Mariana Giordano. “Las fotos que, como parte de sus investigaciones pudo recuperar del Museo de Berlín, tomadas por el antropólogo alemán Lehmann-Nitsche en el mismo momento que ocurría la masacre fueron muy valiosas”, mencionó.

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Mariana Giordano es doctora en Historia, investigadora del Conicet y docente en la Facultad de Humanidades de la UNNE. Fue una de las personas que brindó su testimonio durante el juicio y expuso las conclusiones de sus investigaciones sobre el discurso periodístico de la época y un grupo de fotografías que fueron tomadas en el contexto de la matanza indígena ocurrida en 1924.

El fiscal federal destacó el valor de la fotografía donde se puede ver el avión que intervino en la masacre y otra donde se observa a un grupo de indígenas que no participó de la huelga y tenían un pañuelo blanco atado en el brazo, para distinguirlos de los indígenas que protestaban y eran considerados “peligrosos”. Vigay también se refirió al análisis que Giordano hizo de una publicación del periódico El Heraldo del Norte. “Es un documento valiosísimo, así como todo el estudio que hizo la investigadora, tanto sobre la fotografía como el texto periodístico”, concluyó. 

Vigay valoró también la contribución de Elizabeth Bergallo a la causa: “Ella aportó dos entrevistas realizadas en el año 2005 a Melitona Enrique y a Rosa Chará, que dio la oportunidad de escuchar sus voces como sobrevivientes durante el juicio”. Ambas entrevistas fueron proyectadas en las primeras audiencias del juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí.

“Su trabajo de campo como investigadora fue muy importante, además de todas las precisiones que dio durante su testimonio en el juicio”, remarcó Vigay. Elizabeth Bergallo es magíster en Antropología, fue docente de la UNNE durante más de 20 años y actualmente se desempeña como investigadora y consultora independiente.

El fiscal federal también resaltó los testimonios de Teresa Artieda y Laura Rosso, ambas docentes e integrantes del Programa Pueblos Indígenas de la UNNE. “Ellas realizaron una investigación con documentos de la época sobre la educación para la población indígena en el Chaco y específicamente lo que era la escuela en la Reducción de Napalpí”, indicó.

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“Por un lado señalaron el racismo, la discriminación y la estigmatización que existía desde la educación para los niños indígenas; y por el otro, cómo en la escuela de la reducción se instruía a los niños de manera que pudieran convertirse en trabajadores y mano de obra barata cuando sean grandes”, detalló Vigay.

Teresa Artieda es la actual directora del Doctorado en Educación de la UNNE y Co-directora de la Diplomatura Universitaria en Pueblos Indígenas e Interculturalidad, de la que también fue co-autora junto con Lecko Zamora del Pueblo Wichí. Es doctora en Educación y magíster en Epistemología y Metodología de la Investigación. Fue durante varios años profesora titular en la Facultad de Humanidades y actualmente se encuentra jubilada.

Por su parte, Laura Rosso es Magíster en Antropología Social y Doctoranda en Educación. Actualmente se desempeña como investigadora y docente de la Facultad de Humanidades de la UNNE y es directora de la Diplomatura de Pueblos Indígenas e Interculturalidad de la universidad.

Durante el juicio, también brindó su testimonio María Gabriela Barrios, quien presentó documentos rescatados del Archivo Histórico Provincial con informes y cartas de la época de la masacre. Ella es licenciada en Trabajo Social, magíster en Políticas Sociales y actualmente está al frente de la dirección del Patrimonio Cultural de la provincia. Además, es docente de la Universidad Nacional del Nordeste en la carrera de Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades.

El fiscal Diego Vigay mencionó también el valor que tuvo para el juicio por la verdad los testimonios de sobrevivientes, hijos y nietos, investigadores indígenas y un cúmulo de investigadores de otras universidades y del Conicet. “Toda la documentación y las pruebas sobre los hechos de la Masacre de Napalpí fueron realmente contundentes”, remarcó.

Juicio por la verdad

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La investigación judicial por la Masacre de Napalpí se inició de oficio en junio de 2014, cuando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal del Chaco comenzó a recolectar testimonios y documentos sobre la matanza indígena ocurrida en 1924.

En septiembre de 2021, la jueza federal Zunilda Niremperger habilitó la realización de un juicio por la verdad con la finalidad de esclarecer los hechos ocurridos y buscar una reparación  histórica para las comunidades indígenas qom y moqoit.

El juicio finalmente comenzó el 19 de abril de 2022 y durante siete audiencias públicas se expusieron documentos y testimonios grabados de sobrevivientes de la masacre. Además, declararon familiares de las víctimas e investigadores pertenecientes a la Universidad Nacional del Nordeste, Conicet y otras universidades del país, y también investigadores indígenas que trabajan hace muchos años en la reconstrucción de la memoria histórica. 

El 19 de mayo se conoció la sentencia y fue la jueza federal Zunilda Niremperger quien detalló la resolución y las medidas que dicta la justicia para una reparación histórica. Previamente, se escucharon los alegatos finales del juicio. Por la Secretaría de Género y DDHH del Chaco habló Silvana Pérez y el abogado representante Duilio Ramírez; y, por el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) expuso el abogado Emiliano Nuñez.

Los alegatos finales por parte de la Fiscalía Federal estuvieron a cargo del fiscal Federico Carniel quien señaló que durante el juicio se pudieron comprobar los hechos con las pruebas y los testimonios presentados. Habló de un plan para llevar adelante la masacre y una maniobra de los tres poderes del Estado para ocultar y negar lo que había ocurrido. “El Estado argentino, a través de todos los funcionarios que participaron, tiene la absoluta responsabilidad en esta masacre”, indicó Carniel.

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El fiscal Federal Ad Hoc Diego Vigay fue quien presentó el listado de documentos y testimonios que se adjuntaron a la causa como prueba y que se pudieron conocer durante el juicio por la verdad. “La Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, fue un genocidio indígena planificado desde el Estado”, señaló.

La sentencia

“Declarar que la “Masacre de Napalpí”, como así aquellos hechos posteriores conforme lo descripto en las consideraciones, son crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”, dice la sentencia “Masacre de Napalpí s/Juicio por la Verdad”, en su Parte Dispositiva.

El texto señala también que se establece “que la presente sentencia constituye por sí misma una forma de reparación”, aunque dispone otras medidas de reparación, en beneficio de las comunidades Qom y Moqoit.

Así, la Justicia Federal ordenó al Equipo Argentino de Antropología Forense que establezca un plan de trabajo para continuar con las excavaciones, búsqueda y exhumaciones de fosas comunes de las víctimas, debiendo el Estado Nacional proveer los recursos necesarios para su realización. También restituir a la comunidad los restos óseos encontrados, cuya oportunidad y forma será determinada previa consulta a sus integrantes por intermedio de las partes.

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Se ordena en tanto, al Ministerio de Educación de la Nación, que incluya dentro de los diseños curriculares a nivel nacional en los niveles Primario, Secundario, Terciario y Universitario el estudio de los hechos probados en la presente sentencia.

Al Estado Nacional, que realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas de los pueblos Qom y Moqoit; y que se proyecte el Juicio por la Verdad en la Televisión Pública.

Se dispone además la constitución de un museo y sitio de memoria de la Masacre de Napalpí, y la conformación de un Reservorio y Archivo Digital de todos los documentos de la investigación.

Se ordena al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia del Chaco que incorpore a la instrucción y capacitación de las fuerzas federales y provinciales un módulo sobre respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas

En la sentencia, se exhorta además al Estado Nacional a la implementación de un Plan de Políticas Públicas concretas de Reparación Histórica a los pueblos Qom y Moqoit y a fortalecer las políticas públicas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educativos y culturales, todo ello con la consulta previa a las Comunidades.

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A la creación de espacios de investigación para que los docentes e investigadores indígenas puedan desarrollar investigaciones sobre la historia de los pueblos indígenas y generar material de estudio y difusión sobre la temática.

A hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en relación al cambio de nombre de la Comunidad de Colonia Aborigen, la que deberá realizarse previa consulta y a resultas de la misma, por intermedio del Instituto del Aborigen Chaqueño.

Y al Congreso de la Nación, se exhorta a la determinación del día 19 de julio como Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí.

El juicio es uno de los primeros contra el Estado argentino por agresión y violación de derechos humanos de los Pueblos Originarios y representa una búsqueda de la Verdad, la Memoria y la Justicia.

Esta es la declaración emanada de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional (RIDDHH) que apoya y acompaña el Primer Juicio por la Verdad sobre la Matanza de Qom y Moqoít en Napalpí, Territorio Nacional del Chaco en 1924.

La matanza de Napalpí fue una respuesta violenta llevada a cabo por las fuerzas represivas de seguridad del Estado Nacional con apoyo de civiles contra indígenas de los Pueblos Qom y Moqoít, quienes oprimidos en  “reducciones estatales de indígenas”  pedían al mismo Estado que medie en la mejora de las condiciones laborales a las que eran sometidos.

El Juicio va exponiendo como la noción de Nación Argentina se fue erigiendo sobre el genocidio de los primeros habitantes del territorio nacional, los Pueblos Indígenas, quienes tras haber participado en las guerras de la independencia contra el imperio feudal español, fueron luego tomados como enemigos y vencidos en las campañas militares de la República entre fines de 1870 y 1911. Los sobrevivientes y derrotados Pueblos Indígenas fueron “integrados” a la sociedad regional como mano de obra estacional.

La reducción estatal de Napalpí constituyó un dispositivo con diversos fines asimilacionistas y en particular, para la construcción de los mismos como obreros. Hacia 1924 las opciones que tenían los indígenas del Norte eran aceptar las injustas condiciones en que eran contratados en las explotaciones regionales o ser encerrados en estos campos de concentración y/o aniquilados a través de las armas.

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Desde la RIDDHH apoyamos los objetivos de este juicio que procura esclarecer y determinar responsabilidades en torno a estos hechos de exterminio y opresión señalados, haciendo lugar a la Verdad de lo acontecido, revitalizando los caminos de las Memorias de los Pueblos, al tiempo que se plantea como un modo de reparación e intento de efectivizar la Justicia para con los Pueblos Indígenas de Argentina.

Esta declaración lleva la firma de María del Rosario Badano, coordinadora ejecutiva de la RIDDHH y de Hugo Santos Rojas, rector coordinador de la RIDDHH

(*) La UNNE integra la Red de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional representada por la magíster Laura Rosso