Por Corrientes al Día
La Justicia federal de Corrientes recibió un pedido para llevar a juicio oral a 13 personas (ocho hombres y cinco mujeres) acusadas de integrar una organización criminal vinculada al Tren de Aragua. La fiscalía les atribuye maniobras de lavado de activos y, a nueve de ellas, también financiamiento del terrorismo. El requerimiento aún debe ser tratado por el juzgado.
El MPF pidió que los 13 sean sometidos a juicio por el delito previsto en el artículo 210 ter del Código Penal (asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, con pena de entre 8 y 20 años de prisión) y por el de lavado de activos del artículo 303, inciso 1° del mismo código (con penas de entre 3 y 10 años de prisión).
Respecto de nueve de los acusados, Boscán Bracho, A.M.D.C., E.D.U.B., M.A.B.C., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., M.C.D.C. y J.A.L.G., los fiscales también solicitaron la elevación a juicio por el delito de financiamiento del terrorismo, previsto en el artículo 306 del Código Penal (con penas de 5 a 15 años de prisión).
La presentación fue realizada por Flavio Ferrini, de la Unidad Fiscal Corrientes; Santiago Marquevich, de la unidad especializada en criminalidad organizada (UFECO); y Diego Velasco, de la procuraduría especializada en lavado de activos (PROCELAC).
Según la acusación, la estructura estaba encabezada por el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, conocido como “El Yiyi” y señalado como jefe de la denominada Banda del Yiyi. Había ingresado al país en 2019 con una identidad falsa y vivía en un barrio privado de Corrientes. Fue detenido por personal de Interpol de la Policía Federal el 2 de octubre de 2023, en la ruta provincial 43.
Los fiscales sostienen que su detención no frenó la actividad del grupo y que desde la cárcel de Ezeiza, Boscán Bracho habría seguido dando instrucciones a referentes de dos células operativas. La Corte Suprema autorizó en marzo su extradición a Venezuela; actualmente permanece detenido en Ezeiza.
Más de $120 millones bajo investigación
El requerimiento describe operaciones por más de $120 millones mediante cuentas bancarias, billeteras virtuales, remesas, efectivo y sistemas informales de transferencia. Para la fiscalía, esos movimientos buscaban dar apariencia legal a bienes procedentes de delitos que aún no fueron determinados. La investigación también abarca la compra y administración de vehículos y propiedades.
La acusación se apoya, entre otros elementos, en intervenciones telefónicas, documentación financiera, allanamientos e informes de la Policía Federal. También incorpora información de Interpol, el FBI y el Departamento de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos. Con esas pruebas, los fiscales pidieron que los 13 imputados respondan ante un tribunal oral.
