Por Corrientes al Día
Una mujer fue condenada a tres años de prisión en suspenso por estafar a una amiga mediante la contratación de créditos y la realización de operaciones bancarias sin autorización. El caso ocurrió en la localidad correntina de Mercedes y tuvo como punto de partida una relación de confianza iniciada en un centro de estética.
La sentencia fue dictada por la jueza de Garantías Simy Beatriz Benasayag, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno y consideró probado que la acusada utilizó los datos personales de la víctima para gestionar productos financieros que terminaron afectando su patrimonio.
Además de la condena, la mujer deberá cumplir diferentes reglas de conducta durante tres años y pagar $10 millones como reparación por los daños materiales y morales ocasionados.
Una amistad utilizada para obtener datos personales
Según se acreditó en la causa, la relación entre ambas mujeres comenzó aproximadamente en abril de 2023. Con el paso del tiempo, la acusada logró generar un estrecho vínculo de confianza con la víctima.
Bajo el pretexto de incorporarla a una empresa de medicina prepaga, le solicitó fotografías tomadas desde su teléfono celular, recibos de sueldo y una copia de su DNI. Esa información fue posteriormente utilizada para gestionar aplicaciones, créditos y otros productos bancarios a nombre de la damnificada.
La maniobra habría comenzado con la obtención de un crédito virtual por $1.148.500, seguido por distintas transferencias. Durante julio de 2023 también se tramitaron operaciones por $820.000 y $1.344.000, además de un adelanto de aguinaldo por $90.000.
De esta manera, la víctima acumuló una deuda creciente por productos financieros que, de acuerdo con la investigación, nunca había solicitado ni autorizado.
La Resolución Nº 69/26 corresponde al Legajo Judicial 8347/23. La audiencia se realizó el 16 de junio en la Oficina Judicial de Mercedes, mientras que los fundamentos fueron firmados el 22 de junio de 2026.
Para homologar el acuerdo, Benasayag aclaró que una sentencia dictada mediante un juicio abreviado no puede sustentarse exclusivamente en el reconocimiento de los hechos por parte de la persona acusada, sino que debe estar respaldada por pruebas incorporadas legalmente al expediente.
Entre las evidencias analizadas se encontraban la denuncia y sus ampliaciones, capturas de pantalla, comunicaciones con entidades financieras, informes bancarios y registros de movimientos de cuentas.
La documentación permitió corroborar la existencia de los créditos, los préstamos personales y el adelanto de aguinaldo contratados a nombre de la damnificada, además del incremento progresivo de la deuda.
“Las probanzas incorporadas a la investigación me permiten tener por respaldada la aceptación de los hechos formulada por la imputada”, sostuvo la magistrada.
Tres años de prisión en suspenso
La jueza aceptó la calificación legal propuesta por la Fiscalía y consentida por la defensa, por lo que declaró a la acusada autora material del delito de estafa.
La mujer recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, además del pago de las costas del proceso. Durante ese mismo periodo deberá respetar una serie de reglas de conducta.
Entre las obligaciones impuestas se encuentran:
- Fijar residencia y proporcionar un número de contacto.
- Mantener una distancia mínima de 100 metros respecto de la víctima.
- Abstenerse de comunicarse con la damnificada por cualquier medio.
- No cometer nuevos delitos.
- No consumir estupefacientes ni bebidas alcohólicas en exceso en lugares públicos.
- Presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial.
Como parte del acuerdo, la condenada deberá pagar $10 millones a la víctima en concepto de reparación por los daños y perjuicios ocasionados.
El esquema establece una primera cuota de $1 millón, que deberá abonarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la apertura de una cuenta judicial. Los $9 millones restantes serán cancelados en 18 cuotas iguales y consecutivas de $500.000.
Benasayag consideró que el monto acordado resulta prudente frente a las circunstancias del caso y adecuado para compensar tanto el perjuicio económico como el daño moral sufrido.
Una vez que la sentencia quede firme, se formará el correspondiente legajo de ejecución. La resolución también será comunicada a la Policía de Corrientes, al Registro Nacional de Reincidencia y a los demás organismos estatales involucrados.






