por Corrientes al Día
El Juzgado de Ejecución de Condenas de Corrientes dictó una resolución urgente ante el creciente ingreso y consumo de estupefacientes dentro de la Unidad Penal N° 1, situación que activó las alarmas por el impacto sanitario y de seguridad en el complejo penitenciario.
La medida judicial fue adoptada en el marco de las funciones de control y garantía previstas en el artículo 208 de la Ley 24.660, e incluye intimaciones directas al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario Provincial para que adopten acciones inmediatas destinadas a proteger la salud de los internos y reforzar los controles de ingreso.
La resolución se sustenta en informes presentados por la Fiscalía y en inspecciones realizadas por la propia magistratura, donde se detectó un escenario considerado crítico dentro de la cárcel.
Entre los principales puntos señalados por la Justicia se encuentran el aumento de internos atendidos por complicaciones severas derivadas del consumo de drogas y la vulnerabilidad de los controles de seguridad debido a fallas tecnológicas.
Uno de los aspectos más preocupantes es que el scanner utilizado para detectar sustancias prohibidas se encuentra fuera de funcionamiento, debilitando los mecanismos de control de ingreso al penal.
Además, el fallo menciona antecedentes recientes de extrema gravedad, como la muerte de un interno ocurrida en noviembre de 2025 y varios traslados de urgencia al Hospital Vidal durante este mes por ingesta de sustancias ilícitas.
“El Estado tiene una posición especial de garante”
En la resolución, el Juzgado recordó que el Estado posee una responsabilidad especial sobre las personas privadas de la libertad, en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de Derechos Humanos.
“La ejecución de la pena es incompatible con contextos institucionales atravesados por el consumo y circulación de sustancias, ya que estos escenarios generan violencia, endeudamiento y deterioran la salud física y mental de los alojados”, señala el escrito judicial.
Ante la gravedad de la situación, el magistrado dispuso una serie de medidas urgentes:
- Requerir al ministro de Seguridad y al jefe del Servicio Penitenciario la inmediata reparación y puesta en funcionamiento del scanner de control del Complejo Penitenciario N° 1.
- Exigir un informe detallado sobre los plazos previstos para la reparación del equipo.
- Solicitar precisiones sobre las medidas alternativas de control implementadas mientras el scanner permanece fuera de servicio.
- Intensificar las requisas y operativos de vigilancia para impedir el ingreso de sustancias ilícitas al penal.
