por Corrientes al Día
Una investigación judicial y sanitaria destapó una trama inquietante en Buenos Aires, la organización de fiestas privadas en las que se consumían fármacos de uso hospitalario, como propofol y fentanilo, sustraídos de un centro de salud. El caso salió a la luz tras la muerte del médico residente Alejandro Salazar, ocurrida el 20 de febrero en un departamento del barrio porteño de Palermo.
El hallazgo de ampollas de propofol provenientes del Hospital Italiano activó una denuncia institucional y una causa penal que hoy avanza con dos profesionales de la salud imputados y apartados de sus funciones.
Según fuentes de la investigación, los encuentros, conocidos como “Propo Fest o Fiesta de Propofol”, se realizaban en espacios privados y tenían dos modalidades, reuniones entre conocidos y eventos pagos donde se ofrecían experiencias denominadas “viajes controlados”.
En ambos casos, se administraban los anestésicos con una lógica similar a la hospitalaria, aunque sin controles formales. Se utilizaban bombas de infusión para dosificar las sustancias por vía intravenosa y lograr un estado de sedación parcial.
El nivel de riesgo era extremo. Estos fármacos tienen un margen terapéutico muy estrecho, una diferencia mínima en la dosis puede provocar depresión respiratoria o incluso la muerte.
Equipos de emergencia en medio de las fiestas
Uno de los aspectos más alarmantes es que en estos encuentros se montaba una especie de “guardia médica improvisada”. Siempre había una persona encargada de intervenir ante emergencias, equipada con un ambú (dispositivo manual de asistencia respiratoria), para actuar en casos de apnea.
Esta práctica, conocida en el ámbito médico como “ambucear”, refleja el nivel de conciencia del peligro que implicaba el consumo de estas sustancias fuera de un entorno clínico.
El origen de la causa judicial
El expediente se centra, por ahora, en el delito de administración fraudulenta, ya que los medicamentos habrían sido sustraídos del sistema hospitalario para un uso indebido.
El Hospital Italiano confirmó faltantes de anestésicos en el área de anestesiología y adoptó medidas internas, además de realizar la denuncia correspondiente. También reforzó los controles sobre el manejo de fármacos y trabaja junto a entidades profesionales para prevenir nuevos casos.
En paralelo, la Justicia investiga el rol de los médicos Hernán Boveri y Delfina Lanusse, quienes fueron imputados y ya prestaron declaración. Ambos negaron los hechos, mientras se les prohibió salir del país.
Una muerte que expuso una trama oculta
La muerte de Salazar, de 34 años, reveló detalles que conmocionaron al ámbito médico. En el lugar donde fue encontrado había elementos típicos de procedimientos clínicos: vías intravenosas, jeringas y restos de medicación.
La principal hipótesis apunta a una sobredosis de propofol y fentanilo, dos drogas que no se comercializan en farmacias y cuyo uso está restringido a quirófanos y terapias intensivas.
Aunque trascendieron audios y mensajes que mencionan estas fiestas, incluso bajo nombres como “Propo fest”, la causa judicial se enfoca en el circuito de sustracción y uso indebido de los medicamentos.
No se descarta que la investigación avance sobre una posible red más amplia vinculada a la comercialización de estas prácticas.
Por ahora, el expediente sigue en etapa de instrucción, mientras la Justicia busca determinar responsabilidades en un caso que expone una preocupante desviación del uso de insumos médicos y pone en alerta a todo el sistema de salud.
Con información y fotos de Infobae
