Nepal atraviesa uno de los episodios más críticos de su historia reciente. El Ejército asumió el control del orden público después de que la violencia se desbordara en todo el país, dejando un saldo de al menos 25 muertos y más de 500 heridos. El toque de queda rige en todo el territorio hasta el jueves y los soldados patrullan las calles intentando sofocar la revuelta que estalló contra la corrupción y la prohibición de redes sociales.
El clímax llegó el martes cuando las protestas forzaron la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli, quien huyó en helicóptero tras el incendio del Parlamento y el asalto a los ministerios en Singha Durbar. La Corte Suprema también fue reducida a cenizas, lo que paralizó el sistema judicial. Sin liderazgo político, el poder quedó en manos de los militares, que admiten que “los saqueos, incendios y muertes continúan” pese al despliegue.
La crisis escaló con la fuga masiva de presos: más de 2.000 reclusos escaparon tras el abandono de los guardias en distintas cárceles. En Banke, un motín dejó cinco muertos por disparos policiales, mientras que en Kapilvastu, Gaur y Kaski centenares de reclusos aprovecharon el caos para huir. Este colapso penitenciario multiplicó la sensación de inseguridad en las ciudades.
Escalada de violencia y símbolos del poder bajo ataque
Los manifestantes no solo incendiaron el Parlamento y ministerios, también vandalizaron residencias oficiales. La casa del presidente Ram Chandra Poudel fue atacada, mientras que el ministro de Finanzas, Bishnu Prasad Paudel, sufrió una humillación pública al ser arrojado desnudo a un río. La violencia alcanzó extremos trágicos cuando la esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal murió tras sufrir graves quemaduras en el incendio de su vivienda.
Todos los aeropuertos de Nepal permanecen clausurados tras intentos de asalto a zonas restringidas. El gerente del aeropuerto de Katmandú confirmó que el Ejército tomó el control total de las instalaciones. En paralelo, las fuerzas armadas incautaron más de 30 armas y recuperaron dinero saqueado, mientras 27 personas fueron detenidas por “actividades destructivas”.
Lo que comenzó como una revuelta juvenil contra la corrupción y la censura digital se transformó en una insurrección nacional sin precedentes. La caída del Gobierno, la fuga de presos, el incendio de las principales instituciones y el despliegue militar marcan un punto de inflexión para la nación asiática, que hoy vive bajo un estado de sitio de facto, con el futuro político aún incierto.
Con información de La Sexta
