Agrupaciones de personas con discapacidad, familias y prestadores de servicios se movilizan en distintos puntos del país para expresar su rechazo al veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración principal está prevista a las 11.30 frente al Congreso de la Nación, mientras que en plazas centrales de varias provincias, como Corrientes, también se esperan manifestaciones.
El malestar se profundizó tras la publicación oficial del decreto de veto a la ley —sancionada por el Congreso el pasado 10 de julio—, una norma que buscaba garantizar la continuidad de prestaciones y la atención a personas con discapacidad en el actual contexto de ajuste presupuestario. El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, pero las organizaciones denuncian un impacto “devastador” sobre los derechos y la salud de miles de ciudadanos.
Prestadores en alerta y suspensión de actividades
En señal de protesta, se anunció la suspensión de actividades vinculadas a la atención en discapacidad en diversos centros del país. “La salud de las personas con discapacidad no se negocia”, remarcó Marcela Kriskovich, referente de Prestadores Unidos, en declaraciones a Radio Sudamericana.
Kriskovich advirtió que sin la declaración de emergencia “corren peligro las prestaciones de 2025 y 2026”, debido al ahogo financiero que ya afecta al sistema. “Muchas personas quedaron afuera del sistema por no poder pagar los servicios. Y esto no es un capricho, es supervivencia”, enfatizó.
Además, la vocera denunció que el canal de comunicación con el Gobierno nacional está cortado. “Cuando comenzamos a plantear lo que no le gusta al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, nos cerró el diálogo”, aseguró. El malestar no solo apunta al veto en sí, sino a lo que los colectivos consideran un “abandono institucional” en medio de una crisis profunda.
Veto en cadena: jubilados y moratoria también quedaron afuera
El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no llegó solo. Fue acompañado por la anulación de otras dos normas sensibles: la que preveía aumentos para jubilaciones mínimas y bonos, y la que reinstauraba la moratoria previsional para acceder a una jubilación sin los 30 años de aportes.
Las tres leyes fueron rechazadas por el presidente Javier Milei en el plazo límite de diez días hábiles, y el decreto fue publicado en el Boletín Oficial el lunes.
Las agrupaciones que se movilizan hoy reclaman que se priorice la atención a los sectores más vulnerables y exigen al Ejecutivo que convoque a una mesa de diálogo real. “Lo que está en juego no son privilegios, son derechos”, concluyó Kriskovich.
