El operativo se realizó en el barrio Laguna Seca de la capital correntina y dejó un saldo de detenidos y más de un kilo de cocaína incautada. Uno de los implicados asegura que fue engañado y que sólo buscaba cobrar una deuda.
Se trata del procedimiento antidrogas desarrollado en el barrio Laguna Seca de la ciudad de Corrientes, donde efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas lograron incautar un ladrillo de cocaína de más de un kilo de peso, valuado en una cifra millonaria. El procedimiento se concretó tras una llamada anónima que alertó a las autoridades. Como resultado, varias personas fueron detenidas, entre ellas el empresario de espectáculos Federico Cheme y Oscar Osvaldo Will, quien ahora sostiene su inocencia.
El abogado defensor de Will, Jorge Barboza, dio detalles del caso en declaraciones a Radio Dos, y aseguró que su cliente no tenía conocimiento de la transacción ilegal que estaba por concretarse en el lugar.
“Will viajó desde Resistencia ese día porque Cheme le prometió pagarle una parte del dinero que le adeudaba por su colaboración en el show de Marco Antonio Solís”, explicó Barboza. Según el letrado, ambos se encontraron en la estación de servicio del puente interprovincial, donde el empresario alegó tener problemas mecánicos en su vehículo y pidió que lo llevaran hasta el barrio Laguna Seca.
“Mi cliente accede a trasladarlo por ese motivo, sin saber que se vería involucrado en un operativo antidrogas de esta magnitud. Él niega categóricamente su participación en el delito”, insistió el abogado.
En el lugar, personal policial incautó un ladrillo de cocaína que supera el kilogramo de peso, hecho por el cual ambos sujetos fueron aprehendidos y trasladados a distintas dependencias policiales de la provincia.
Barboza remarcó además que todo el procedimiento se originó por una denuncia anónima y que se aguarda el avance de la investigación para definir la situación procesal de su defendido. En cuanto a las penas previstas por la ley para este tipo de delitos, el abogado recordó que el Código Penal argentino establece sanciones que van de 6 a 20 años de prisión.
