Por Corrientes al Día
Un poder con firma falsificada, una abogada suegra, una escribana sancionada y una herencia en disputa: Eduardo Gómez, primo del legislador, presentó una denuncia penal y civil por la presunta apropiación fraudulenta del único bien familiar.
Un escándalo familiar con derivaciones judiciales tiene como protagonista al diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en Corrientes, Lisandro Almirón, luego de que su primo hermano, Eduardo Gómez, lo denunciara por falsificación de documentos públicos y estafa, en el marco de una polémica maniobra para quedarse con la vivienda de su abuela fallecida.
Según explicó Gómez en una entrevista brindada a Corrientes en el aire —publicada en Instagram y que podés ver acá—, la casa de la señora Priscila Brizuela, única propiedad del patrimonio familiar, fue transferida apenas un día antes de su muerte en circunstancias que calificó de “absolutamente irregulares”.
Una firma que no cierra y una abuela internada
La mujer falleció el 16 de marzo de 2013. No obstante, la escritura Nº 4 del 28 de febrero —es decir, apenas 16 días antes del deceso— habilitó la venta del inmueble con un “poder especial irrevocable” supuestamente firmado por ella mientras estaba internada en terapia intensiva en la Clínica Sagrado Corazón.
Para Gómez, la firma es falsificada. Así lo confirmó también un perito caligráfico, que determinó que se trató de una imitación burda, sin coincidencia con la rúbrica real de la mujer en otros documentos.
El inmueble terminó en manos de los hermanos Almirón
La casa —ubicada en el barrio Bañado Norte de Corrientes capital— fue transferida directamente a nombre de Lisandro Almirón y sus hermanos Carlos Hernán y Cinthia Elizabeth Almirón, dejando afuera al resto de los herederos, incluido el denunciante.
La maniobra se concretó a través de Marta Susana Marcoré, abogada de confianza de la familia y suegra del legislador, quien fue apoderada mediante ese presunto poder falsificado. La documentación fue legalizada por la escribana María Alicia Gamba Landi, que ya cuenta con antecedentes: fue suspendida un año por el Colegio de Escribanos por su participación en la causa Boston, una conocida estafa inmobiliaria de gran escala.
Uno de los datos más comprometedores que revela la denuncia es que la defensa presentó un certificado psiquiátrico firmado el 28/2/2013, el mismo día en que se habría otorgado el poder. Dicho documento fue emitido por el Hospital San Francisco de Asís, aunque desde el nosocomio negaron que Brizuela haya sido atendida o internada allí, y afirmaron que el profesional firmante no trabajaba ese día.
La causa avanza en el fuero penal y civil
La denuncia penal ya fue radicada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) Nº5, y alcanza a seis personas:
- Claudio Lisandro Almirón: Diputado Nacional por La Libertad Avanza.
- Carlos Hernán Almirón: Hermano del legislador.
- Cinthia Elizabeth Almirón: Hermana.
- Marta Susana Marcoré: Abogada, suegra del diputado.
- María Alicia Gamba Landi: Escribana, con antecedentes disciplinarios.
Están acusados por falsificación de instrumento público (art. 292 CP) y estafa (art. 172 CP).
En paralelo, la causa civil se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 12, Secretaría N.º 25, bajo el expediente 219675/21, donde se solicita la nulidad de la escritura de compraventa por vicios en el consentimiento y presunta falsedad documental.
Gómez: “Tengo la escritura original y la firma no coincide”
En la entrevista, Gómez reveló que guarda en su poder la escritura original de la casa, y aseguró que la firma usada para la venta no coincide con la real. Según su relato, se trató de una maniobra orquestada para apoderarse del único bien familiar y dejar afuera al resto de los herederos legítimos.
“Se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de mi abuela. Cuando uno confía en la familia y en los profesionales, nunca espera una traición de este tipo”, sentenció.
Ahora está en manos de la Justicia determinar si existió o no falsificación y estafa. Mientras tanto, el escándalo salpica de lleno a un legislador nacional, a su familia directa, y a profesionales que habrían participado en una operación que, de comprobarse, sumaría un nuevo escándalo político a las filas libertarias locales.
