El mes de mayo cerró con una noticia que puso en alerta a las provincias: las transferencias por coparticipación cayeron un 26,2% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Este desplome se da en un contexto de marcada desaceleración de la recaudación nacional y un freno en la actividad económica, lo que impacta directamente en las arcas provinciales.
El dato no pasó desapercibido entre los mandatarios provinciales, quienes convocaron a una reunión urgente esta semana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar la situación y definir estrategias ante la merma de ingresos.
De acuerdo con el relevamiento de CEPA, todas las provincias del país sufrieron una caída real en los recursos tributarios de origen nacional (RON), con un promedio de -23,3%. La provincia más afectada fue Río Negro, con una baja del 26,5%, mientras que Salta mostró el retroceso más moderado, con -19,9%.
Corrientes no fue la excepción: registró una baja del 22,4% en RON y un descenso del 25,3% en las transferencias por coparticipación, en línea con el promedio nacional. Esto significa una pérdida real del poder de financiamiento del Estado provincial, que depende en un 54% de estos fondos para sostener servicios esenciales.
La caída abrupta de mayo tiene una explicación técnica: en ese mes se liquida el saldo del Impuesto a las Ganancias de las empresas que cierran su ejercicio fiscal en diciembre. En 2024, ese ingreso fue excepcionalmente alto debido a la devaluación de diciembre de 2023, que generó ganancias de capital extraordinarias. Al comparar con esa base tan elevada, los números de 2025 se desploman: el Impuesto a las Ganancias cayó 39,8% interanual real y el IVA, otro tributo clave, retrocedió 1,0%.
Este combo golpea de lleno a las provincias, que reciben en promedio el 95% de sus fondos coparticipables de esos dos impuestos.
Provincias, con el peor reparto
La situación se agrava por un detalle clave: mientras la recaudación nacional cayó en mayo, lo hizo en menor medida que lo que recibieron las provincias. ¿Por qué? Porque los tributos que ayudaron a sostener la recaudación del Estado nacional —como el Impuesto PAIS y las retenciones a las exportaciones— no se coparticipan. Es decir: el gobierno central retuvo ingresos que no compartió con los distritos.
En los meses previos a mayo, las provincias venían beneficiándose por una “ventaja estadística”, al compararse contra un 2024 de fuerte caída. Pero esa ventaja se desvaneció en mayo, y se espera que recién en junio vuelva a jugar a favor.
Reunión urgente y preocupación federal
Frente a este escenario, los gobernadores se reunirán esta semana en el Consejo Federal de Inversiones. La preocupación es compartida por todas las jurisdicciones, incluso aquellas con mayor autonomía fiscal. La caída en la coparticipación obliga a muchas provincias a frenar obras, revisar gastos y, en algunos casos, discutir posibles reformas tributarias locales.
CEPA prevé que en junio la comparación interanual vuelva a mostrar mejoras para las provincias, gracias a que los meses de 2024 fueron muy magros. Sin embargo, la incertidumbre económica y la caída sostenida del consumo ponen en duda que se logre una recuperación sostenida.
Mientras tanto, la discusión de fondo vuelve al centro del debate: el esquema de reparto fiscal vigente y la urgencia de rediscutir la coparticipación en un país que necesita equilibrio entre Nación y provincias para sostener el funcionamiento del Estado en todo el territorio.
