En la recta final de su campaña como precandidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció nuevas medidas del Gobierno nacional destinadas a la población carcelaria: los detenidos y condenados no podrán tener acceso a teléfonos celulares ni continuar cobrando planes sociales mientras se encuentren privados de su libertad.
Desde Casa Rosada, Adorni explicó que estas disposiciones forman parte de la implementación del plan “Ocio Cero”, una iniciativa que busca modificar la lógica de la reclusión y fomentar el trabajo intramuros. “La cárcel no puede ser un lugar de privilegios ni de ocio. Vamos hacia un modelo donde los presos trabajen y aporten al sistema”, afirmó.
Lo que cambia y lo que ya está en la ley
Aunque el anuncio fue presentado como un cambio sustancial, la Ley de Ejecución Penal N° 24.660 ya prohíbe expresamente el uso de celulares en establecimientos penitenciarios federales. No obstante, el Gobierno buscará reforzar los controles para evitar filtraciones tecnológicas que muchas veces derivan en delitos desde el interior de las unidades penales.
En cuanto a los planes sociales, no existe una legislación que prohíba su percepción por parte de detenidos preventivos o condenados, por lo que esta medida implicará una reestructuración administrativa de los programas nacionales como el Potenciar Trabajo o la AUH en casos específicos.
Adorni también señaló que se buscará generalizar el empleo en cárceles como herramienta de reinserción y reparación. Sin embargo, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución Penal (SNEEP), el 72% de los presos en cárceles federales ya realiza algún tipo de trabajo remunerado.
El nuevo enfoque del plan oficial estaría centrado en elevar esa cifra, garantizar ocupación plena y eliminar lo que el Gobierno califica como “beneficios incompatibles con el cumplimiento de una pena”.
Contexto político
El anuncio llega en medio del último tramo de la campaña electoral, en un contexto donde los temas de seguridad, mano dura y gestión carcelaria ocupan un lugar central en el discurso libertario. Adorni, que en paralelo mantiene su rol como vocero presidencial, apuntó a consolidar el mensaje de una política criminal “sin concesiones”, en sintonía con las reformas impulsadas desde el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.
