Por Corrientes al Día
El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó este lunes su renuncia al cargo y aseguró que la decisión responde a “razones estrictamente personales”. Su salida se produce en medio de cuestionamientos por los cambios previstos para el sector en el proyecto de Presupuesto 2027.
Vilches formalizó la dimisión mediante una carta dirigida al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en la que comunicó que su alejamiento tendría efecto inmediato. “Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de secretario nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, expresó el funcionario en el documento.
Desde el Gobierno nacional sostuvieron que la decisión se debió exclusivamente a motivos personales. Sin embargo, la renuncia coincide con una discusión interna en el oficialismo por las modificaciones vinculadas al financiamiento y las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.
Vilches había asumido al frente del organismo en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo, apartado tras la difusión de audios relacionados con un presunto esquema de cobro de coimas entre prestadores y funcionarios.
Por el momento, el Gobierno no informó quién reemplazará a Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Los cambios previstos en el Presupuesto 2027
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo propone regresar al esquema de pensión por invalidez, cuyo monto equivale al 70% de la jubilación mínima. De aprobarse en esos términos, las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y tengan un empleo no podrían acceder a esa compensación.
Otro de los puntos cuestionados está relacionado con el nomenclador de prestaciones. Según la iniciativa enviada al Congreso, los valores dejarían de ser universales y cada obra social o empresa de medicina prepaga podría establecer los montos abonados a los prestadores.
Para las prestaciones financiadas por el Estado nacional, la actualización sería trimestral. En caso de incumplimiento, se aplicaría como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.
El proyecto también contempla cambios en el acceso a programas médicos y coberturas de salud para beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad. Además, establece que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas deberán ser equitativos para todas las entidades alcanzadas y actualizados según las disposiciones nacionales vigentes.
