Por Corrientes al Día
En un nuevo capítulo del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, los padres y hermanos del niño presentaron un duro escrito ante el Tribunal en el que denunciaron conductas intimidatorias y agraviantes durante el desarrollo de las audiencias orales. A través de sus abogados querellantes, la familia reclamó que se adopten medidas para garantizar el respeto hacia las víctimas y los fiscales de la causa, al tiempo que expresó un firme respaldo a la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien también habría sido objeto de cuestionamientos y ataques.
El planteo fue presentado por los abogados Belén Russo Cornara y Alejandro Vecchi, quienes representan a la familia Peña.
En la presentación judicial, la querella sostuvo que durante el debate oral se produjeron expresiones, gestualidades y actitudes que, a su criterio, excedieron los límites propios del ejercicio del derecho de defensa.
El escrito apunta específicamente al defensor oficial Enzo Di Tella, representante del imputado Bernardino Antonio Benítez, al considerar que algunas de sus intervenciones habrían resultado incompatibles con el trato digno que deben recibir las víctimas durante un proceso judicial.
La familia también manifestó su preocupación por las situaciones que, según indicaron, afectaron a los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, quienes integran el Ministerio Público Fiscal y llevan adelante la acusación en la causa.
“Ninguna estrategia defensiva ni modalidad de litigación puede justificar comportamientos que impliquen afectaciones a la dignidad de las víctimas, manifestaciones intimidatorias, expresiones agraviantes o conductas incompatibles con el respeto institucional”, sostiene el documento presentado ante el Tribunal.
Fuerte respaldo a la jueza Pozzer Penzo
Además del planteo procesal, los familiares de Loan incorporaron un mensaje de apoyo a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien conduce la investigación por la desaparición del niño.
Según expresaron, la magistrada habría sido blanco de agravios e intentos de desacreditar su actuación, incluso mediante pedidos de juicio político que la familia calificó como infundados.
En ese contexto, los padres y hermanos del menor remarcaron su confianza en el trabajo de la Justicia y manifestaron públicamente su solidaridad con la jueza.
La querella solicitó al Tribunal que haga uso de sus facultades disciplinarias para garantizar el normal desarrollo de las audiencias y asegurar que todas las partes actúen dentro del marco del respeto institucional.
El planteo invoca la Ley Nacional 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino, que establecen el derecho de las víctimas a participar de los procesos judiciales libres de intimidaciones y revictimización.
La presentación se conoce en momentos en que continúa el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, uno de los casos judiciales más resonantes del país, mientras la familia insiste en que el proceso se desarrolle con respeto hacia quienes continúan esperando respuestas sobre el paradero del niño.
Comunicado de la querella de la familia Peña
“Los padres y hermanos de Loan Danilo Peña, por intermedio de esta querella, vienen a poner en conocimiento del Tribunal y a dejar expresa reserva respecto de determinadas manifestaciones, expresiones, gestualidades y actitudes exteriorizadas durante el desarrollo del debate oral por el Sr. Defensor Oficial Dr. Enzo Di Tella, en ejercicio de la defensa técnica del imputado Bernardino Antonio Benítez, las cuales, a criterio de esta parte, habrían excedido el marco de la legítima vehemencia propia de la litigación adversarial y podrían resultar incompatibles con el trato digno, respetuoso y libre de intimidaciones o revictimizaciones que el ordenamiento jurídico nacional e internacional garantiza a las víctimas del delito.
Particular preocupación generan aquellas conductas y expresiones que, según la percepción de esta parte y de los familiares presentes en las audiencias, habrían estado dirigidas tanto hacia las víctimas y sus representantes como hacia los integrantes del Ministerio Público Fiscal, Dres. Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, quienes ejercen funciones constitucionales vinculadas a la promoción de la acción penal pública y a la preservación de la legalidad del proceso.
La firmeza y amplitud del derecho de defensa constituyen pilares esenciales del sistema acusatorio y del debido proceso. Sin embargo, ninguna estrategia defensiva ni modalidad de litigación puede justificar comportamientos que eventualmente impliquen afectaciones a la dignidad de las víctimas, manifestaciones intimidatorias, expresiones agraviantes o conductas incompatibles con el respeto institucional, el decoro profesional y la serenidad que deben regir el desarrollo de un juicio oral de semejante trascendencia institucional y humana.
Por ello, y a fin de preservar adecuadamente los derechos reconocidos por la Ley 27.372, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de protección de víctimas incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, esta parte solicita al Tribunal que, en ejercicio de sus facultades ordenatorias y disciplinarias, adopte las medidas que estime pertinentes para asegurar el respeto recíproco, la adecuada protección de las víctimas y el normal desenvolvimiento del debate oral.”
