Por Corrientes al Día
La Justicia de Goya condenó a Maximiliano M. M. Marsilli a un año de prisión de cumplimiento efectivo, la pena máxima prevista para el delito de desobediencia a una orden judicial, tras comprobar que incumplió una medida de restricción dictada para proteger a su expareja y a sus tres hijas menores de edad en el marco de un caso de violencia familiar y de género.
Además de la condena, el magistrado revocó una pena condicional que el imputado mantenía vigente desde 2022, ordenó la futura unificación de ambas condenas y dispuso su inmediata detención bajo prisión preventiva al considerar que existía riesgo procesal.
La sentencia fue dictada por el juez de Juicio Unipersonal de la Segunda Circunscripción Judicial, Ricardo Diego Carbajal, quien encontró responsable a Marsilli de haber desobedecido una orden emitida por el Juzgado de Familia N.º 1 de Goya, a cargo de la jueza Silvina Racigh.
La medida judicial había sido impuesta para resguardar la integridad de su expareja y de las tres hijas menores que ambos tienen en común.
El acusado llegó al juicio en libertad, pero tras conocerse el fallo quedó detenido por disposición del magistrado.
Revocaron una condena anterior
Durante la audiencia, el juez hizo lugar a los planteos formulados por la fiscal María Eugenia Ballará y por el querellante Conrado Rudy Pérez, quienes solicitaron que, además de la nueva condena, se revocara la condicionalidad de una pena de un año de prisión que el hombre había recibido en 2022.
En consecuencia, la Justicia ordenó que ambas condenas sean unificadas conforme a lo establecido en los artículos 26 y 27 del Código Penal Argentino.
Al fundamentar su decisión, el juez Carbajal destacó que el fallo fue construido bajo una estricta aplicación de las perspectivas de género y de niñez, priorizando la protección de las víctimas y el cumplimiento efectivo de las medidas judiciales dictadas para prevenir nuevas situaciones de violencia.
El magistrado consideró especialmente la condición de vulnerabilidad de la mujer y de las tres niñas afectadas por el incumplimiento de la restricción.
El debate oral se desarrolló en dos audiencias consecutivas realizadas los días 6 y 7 de julio, período en el que declararon ocho testigos.
La defensa del imputado estuvo a cargo del abogado Juan Manuel Balestra, mientras que la acusación fue sostenida por el Ministerio Público Fiscal y la querella.
Con esta resolución, la Justicia de Goya reafirmó el criterio de aplicar con firmeza las sanciones previstas para quienes incumplen órdenes judiciales dictadas para proteger a víctimas de violencia familiar y de género, especialmente cuando también se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes.
