Por Corrientes al Día
La Justicia condenó a un efectivo de la Policía de Corrientes que utilizó su cargo para cobrar indebidamente una supuesta multa de tránsito a un conductor en un control vial de la localidad de Mocoretá. El uniformado recibió una pena de prisión en suspenso, una multa económica y la inhabilitación para ejercer funciones vinculadas a su cargo.
La resolución fue dictada este martes por el juez de Garantías sustituto, Alfredo Emanuel Aguirre, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno impulsado por el Ministerio Público Fiscal.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 12 de septiembre de 2025, alrededor de las 10.35, en el Puesto de Control Vial ubicado sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 343,5 de Mocoretá.
De acuerdo con la investigación, el cabo primero Lizazoain, aprovechándose de su condición de funcionario policial, exigió y obtuvo el pago de una supuesta infracción de tránsito por un monto de 50 mil pesos a un automovilista que circulaba en un Chevrolet.
Lo irregular del procedimiento fue que el dinero no ingresó a ningún organismo oficial, sino que fue transferido directamente a una cuenta personal de Mercado Pago perteneciente al propio efectivo policial.
El delito fue calificado como exacciones ilegales
La Fiscalía, representada por el fiscal subrogante Ricardo López Ruiz, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Mocoretá, encuadró la conducta en el delito de exacciones ilegales, previsto en el artículo 266 del Código Penal Argentino.
Durante la audiencia, el magistrado verificó que el acusado comprendiera plenamente los alcances del acuerdo, las pruebas reunidas en la causa y las consecuencias de aceptar la condena pactada.
Tras homologar el acuerdo, el juez Aguirre condenó al policía a dos años de prisión de cumplimiento en suspenso, además de imponerle un año de inhabilitación especial para ejercer funciones relacionadas con su cargo.
Asimismo, deberá abonar una multa de 100 mil pesos y cumplir reglas de conducta durante el plazo de dos años, conforme a lo establecido por el artículo 27 bis del Código Penal.
La sentencia pone fin al proceso judicial iniciado tras la denuncia del conductor y constituye un nuevo antecedente en causas vinculadas a abusos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
