La Argentina comienza a transitar un camino largamente postergado en materia de salud mental. La decisión del Gobierno nacional de avanzar en modificaciones estructurales a la Ley de Salud Mental Nº 26.657, incorporando herramientas como las internaciones involuntarias con control judicial y la creación de centros especializados para casos severos, marca un punto de inflexión en una problemática que durante años fue ignorada o abordada de manera insuficiente.
Este avance no surge de manera espontánea. Es el resultado de años de trabajo silencioso, de militancia territorial y de insistencia política cuando el tema no estaba en agenda, cuando no era rentable y cuando advertir la gravedad de la situación implicaba enfrentar miradas cómodas o discursos simplificadores.
Desde el Movimiento de Integración y Desarrollo, venimos sosteniendo con claridad que la salud mental debe ser entendida como una urgencia social, sanitaria y humana. En ese marco, desde el MID Curuzú Cuatiá impulsamos de manera constante la necesidad de revisar una ley que, en muchos casos, dejó al Estado sin herramientas reales y a las familias en absoluta soledad.
Junto a Magui Hegglin y al equipo del MID local, llevamos adelante una campaña territorial, política y comunicacional centrada en dos ejes fundamentales: salud mental e inclusión. Escuchamos a las familias, dialogamos con profesionales de la salud, acompañamos situaciones críticas y visibilizamos una realidad que ya no podía seguir siendo negada.
Este trabajo se inscribió además en una estrategia más amplia del MID Corrientes, conducido por Antonio Barros Perkins, que brindó respaldo político y proyección federal a esta agenda, y en el trabajo articulado con el Diputado Nacional Oscar Zago, con quien seguimos avanzando para que estas ideas se traduzcan en una reforma legislativa efectiva y concreta.
Lo que hoy empieza a discutirse en el Congreso es exactamente lo que el MID viene planteando desde hace años:
que no hay desarrollo posible sin un Estado con herramientas reales;
que la prevención, la contención y la rehabilitación no pueden quedar reducidas a consignas;
y que el abandono legal también es una forma de violencia.
Nada de esto fue fácil. Durante mucho tiempo este trabajo se hizo en soledad. Se habló cuando pocos querían escuchar, se insistió cuando parecía que gritar en el desierto era la única respuesta y se sostuvo una posición incluso cuando no rendía políticamente. Sin embargo, la perseverancia, cuando está guiada por convicciones profundas y una mirada desarrollista auténtica, termina abriendo camino.
Hoy la salud mental volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. El debate existe y el rumbo empieza a corregirse. Eso confirma algo esencial: valió la pena no callarse, valió la pena insistir, valió la pena sostener la visión.
En este nuevo escenario, el MID Curuzú Cuatiá, con fuerzas renovadas, reorganiza su agenda política para insistir y acompañar activamente el tratamiento de la iniciativa de reforma de la Ley de Salud Mental, hasta que se convierta en una realidad concreta y efectiva.
Lo hacemos con una convicción profunda: se lo debemos a las familias, se lo debemos a quienes hoy no tienen respuestas y se lo debemos al futuro.
Porque cuando el desarrollo es humano, el Estado tiene que estar a la altura.
Y porque las ideas justas, cuando nacen del territorio, tarde o temprano se transforman en política pública.
(*) Por Leandro Adrián Ramírez Valle -Presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) – Curuzú Cuatiá
