por Corrientes al Día
A horas del traspaso de mando, el entonces gobernador Gustavo Valdés firmó el decreto N° 2441 que dio nacimiento a una nueva estructura de inteligencia criminal en la provincia. Aunque la norma se publicó el 19 de diciembre, fue rubricada el día previo a dejar el cargo y pasó casi inadvertida en medio del cambio de gobierno.
La normativa crea la Agencia Especial de Inteligencia, que funcionará en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes. Según el organigrama oficial, el organismo estará integrado por policías provinciales y contará con un equipo especial de intervención en el “campo”, pensado para procedimientos de alto riesgo vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.
La Ciope, el brazo operativo
El artículo 11 del reglamento establece la creación de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), dependiente de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal de Narco Crimen, Delitos Conexos y Crimen Organizado. Su misión será ejecutar operaciones de campo en el marco de investigaciones penales, siempre bajo la dirección y autorización de la Justicia.
Entre sus atribuciones, la Ciope podrá realizar operativos especiales de allanamiento y derribo de bunkers, investigar en zonas vulnerables y mercados abiertos de drogas, aplicar técnicas especiales de investigación previstas en la legislación provincial y cumplir cualquier otra tarea ordenada por la autoridad judicial competente en causas de narcocrimen y delitos conexos.
El decreto también fija límites estrictos. El artículo 14 prohíbe integrar la Ciope a personas con antecedentes por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o violaciones a los Derechos Humanos, a quienes estén inhabilitados por estatutos internos o a quienes estén condenados o formalmente acusados por delitos dolosos.
Las oficinas encargadas de recibir y procesar información deberán extremar recaudos para proteger el secreto, la confidencialidad y la identidad de los declarantes, un punto sensible en un esquema de inteligencia que, por su alcance, abre un nuevo capítulo en la política de seguridad provincial.
