por Corrientes al Día
Un cruce masivo de datos entre organismos nacionales destapó una de las irregularidades más graves de los últimos años en el sistema de asistencia social. El Gobierno nacional confirmó que 178 mil personas fallecidas figuraban con Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) activos, una anomalía que quedó al descubierto en el marco de la profunda auditoría que atraviesa la Agencia Nacional de Discapacidad.
La detección se produjo a partir de un cotejo de información entre las bases de datos de la ANDIS y el Registro Nacional de las Personas. El resultado fue contundente: miles de certificados seguían vigentes pese a que sus titulares habían fallecido, lo que encendió las alarmas por posibles erogaciones indebidas de fondos públicos.
La investigación se aceleró tras la intervención del organismo, luego del escándalo de corrupción que derivó en la salida de su entonces titular, Diego Spagnuolo. Desde el Gobierno señalaron que la orden es inmediata: dar de baja la totalidad de esos certificados para frenar cualquier beneficio asociado.
Posibles cobros indebidos y desvío de fondos
La irregularidad no se limita a una falla administrativa. Fuentes oficiales indicaron que la permanencia de estos certificados activos podría haber habilitado el cobro indebido de beneficios como transporte gratuito, asignaciones y exenciones impositivas a nombre de personas fallecidas.
“Es una estafa al Estado lisa y llana”, confiaron desde el Ejecutivo, al calificar la maniobra como una defraudación masiva que podría involucrar a particulares, prestadores y eventualmente funcionarios.
Avanza la vía judicial
El Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, ya evalúa una estrategia legal para recuperar los fondos y sancionar a los responsables. Entre los principales ejes de la investigación judicial se destacan las acciones contra quienes hayan usufructuado beneficios del CUD de manera fraudulenta y el análisis de la llamada “ruta de los prestadores”.
En este punto, se pondrá la lupa sobre centros y profesionales que habrían facturado servicios por la atención de pacientes que ya habían muerto, una práctica que, de confirmarse, configuraría delitos penales graves.
Investigación interna y rol de la SIGEN
En paralelo, una auditoría interna impulsada por la SIGEN busca determinar si existió connivencia de funcionarios para mantener activos estos certificados, o si se trató de un sistema deliberadamente tolerado para sostener circuitos de cobro irregular.
El objetivo oficial es establecer responsabilidades administrativas y penales, además de revisar los mecanismos de control que fallaron durante años.
El proceso de saneamiento de la ANDIS es encabezado por el médico sanitarista Alejandro Vilches, quien asumió en septiembre pasado con la misión de reordenar el organismo tras el escándalo que sacudió su estructura.
Desde el Gobierno aseguran que esta auditoría es solo el inicio de una revisión integral del sistema de discapacidad, con el foco puesto en transparentar el uso de recursos públicos y garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
Con información de La Nación
