Por Corrientes al Día
A minutos de aterrizar en Aeroparque y antes incluso de llegar a Casa Rosada, el presidente Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le entregó en mano. Con esa rúbrica, la iniciativa ingresó este jueves por la mañana al Senado para ser debatida en sesiones extraordinarias, luego de varios días de correcciones internas que buscaron resolver “puntos polémicos” dentro del propio Ejecutivo y con sectores sindicales.
Las cuotas solidarias
Uno de los debates más duros estuvo centrado en la limitación de las cuotas solidarias, mecanismo clave para el financiamiento de los gremios. En el borrador original, el Gobierno pretendía que los descuentos compulsivos solo se aplicaran si el trabajador daba su consentimiento explícito. Esa cláusula finalmente se eliminó para evitar un conflicto directo con la CGT.
Aun así, la Casa Rosada incorporó una modificación sustancial: ahora el pago de la cuota de afiliación será estrictamente optativo y requerirá la “conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, cambiando de raíz el sistema tradicional de retenciones automáticas.
El equipo que defenderá la reforma en el Congreso
El Gobierno designó como voceros oficiales ante el Senado a tres funcionarios clave:
• Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado
• Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado
• Julio Cordero, secretario de Trabajo
Los tres podrían ser citados por la comisión de Trabajo y Previsión Social, presidencia que aspira a ocupar Patricia Bullrich dentro del bloque oficialista.

Vacaciones: más flexibilidad, pero con límites
El proyecto sostiene los pisos legales de la Ley de Contrato de Trabajo, pero introduce herramientas de flexibilización:
• Permite ampliar días por acuerdo entre partes.
• Obliga a notificar con 30 días de anticipación.
• Habilita fraccionar vacaciones en tramos no menores a siete días.
• Obliga a otorgar descanso de verano al menos una vez cada tres años.
Asimismo, solo se permitirá otorgar vacaciones fuera del período habitual con autorización previa de la autoridad correspondiente.
Banco de horas
La iniciativa habilita la creación de un banco de horas voluntario entre empleador y empleado. Debe registrarse por escrito e incluir sistemas de control de horas trabajadas. Las jornadas se regirán por promedio, siempre respetando descansos mínimos de 12 horas entre turnos y 35 horas semanales.
Indemnizaciones
El proyecto modifica el esquema indemnizatorio al permitir reemplazarlo por fondos o seguros sectoriales financiados por aportes patronales. Establece:
• Base indemnizatoria calculada sobre salario básico, sumas habituales y antigüedad.
• Exclusión de pagos extraordinarios.
• Topes: la base no podrá superar tres veces el promedio salarial del convenio, con un piso del 67%.
Ante un despido sin causa, se mantiene un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses. Si la Justicia declara inválida la cesantía, el trabajador podrá optar por la reincorporación o la indemnización.
Servicios mínimos en sectores esenciales
La reforma fija porcentajes de funcionamiento obligatorio:
• 75% en servicios esenciales
• 50% en salud, energía, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital
Busca evitar paralizaciones totales en áreas consideradas críticas.
Cambios en remuneraciones y digitalización laboral
El Gobierno propone digitalizar obligatoriamente recibos, certificados y documentación laboral. La composición salarial podrá incluir sumas fijas, variables y beneficios sociales. Todo pago deberá figurar en los recibos con detalle adicional de contribuciones y cargas.
Enfermedad y ausencias
Los certificados médicos digitales adquieren plena validez. Se implementará un sistema de verificación centralizada. El regreso al trabajo exigirá alta médica definitiva. En caso de reincorporación parcial, el salario será proporcional a la capacidad laboral recuperada.
Nuevos regímenes para casas particulares y trabajo agrario
• Casas particulares: período de prueba extendido a seis meses, recibos electrónicos y constancia bancaria como prueba válida.
• Trabajo agrario: contrato permanente con prueba de ocho meses, posibilidad de finalizar sin causa y sin indemnización previa notificación, negociación colectiva garantizada y piso salarial irreducible.
Fondos de Asistencia Laboral (FAL)
Se crean fondos financiados con un aporte patronal del 3% del salario, destinados a respaldar despidos en el sector privado. Su administración no genera obligaciones directas con los trabajadores.
Repartidores: un régimen específico para plataformas
El proyecto regula por primera vez el trabajo por aplicaciones. Los repartidores deberán:
• Registrarse en ARCA
• Aportar y acceder a cobertura social
• Informar cuenta bancaria
• Respetar normas de tránsito
Además, tendrán derecho a rechazar pedidos, conocer motivos de bloqueos y recibir el 100% de las propinas.
Transferencias, subcontratación y responsabilidad limitada
Se aclara la responsabilidad solidaria en cadenas de subcontratación y transferencia de establecimientos. El empleador puede limitar responsabilidad verificando identidad y obligaciones de la otra parte.
Conflictos laborales y prácticas sindicales: nuevas reglas
El proyecto introduce sanciones por “pluspetición inexcusable” en juicios laborales, nuevas figuras de prácticas sindicales desleales y restricciones para asambleas dentro de establecimientos.
• Deben pedir autorización previa.
• El tiempo de asamblea no se remunera.
• Se reduce el crédito horario sindical a 10 horas mensuales.
Bloqueos y tomas de establecimientos se consideran infracciones “muy graves”.
Convenios colectivos
Cuando un convenio vence, sus condiciones se mantienen solo hasta que exista un nuevo acuerdo. La autoridad podrá suspender cláusulas ultraactivas que generen “distorsiones económicas serias”. Además, se priorizarán los convenios de menor ámbito por sobre los generales.
Incentivos a la formalización laboral
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) funcionará durante un año, con beneficios en contribuciones patronales para nuevos empleos formales bajo parámetros determinados.

























