por Corrientes al Día
El Tribunal Oral de Mercedes condenó al ex Secretario de Obras Públicas de Curuzú Cuatiá, Ramón Eduardo Ocampo, a tres años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Además, dispuso el decomiso de bienes valuados en más de 400 mil dólares, que serán restituidos a la Municipalidad.
El caso se originó en 2017, a partir de una investigación impulsada por la Fiscal de Instrucción Alejandra Talamona, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción a cargo del doctor Martín Vega. Ocampo fue intimado entonces a justificar su crecimiento patrimonial desmedido, vinculado a la construcción de un complejo de 15 departamentos en pleno centro de Curuzú Cuatiá, una inversión que superaba ampliamente sus ingresos como funcionario público.
La pesquisa determinó que el exfuncionario intentó ocultar el origen de los bienes mediante maniobras con su pareja, actualmente sobreseída por prescripción, a quien transfirió el inmueble para luego recuperarlo mediante un contradocumento firmado entre ambos. En paralelo, Ocampo utilizó su propio cargo para aprobar planos y liquidaciones municipales del mismo proyecto, sin excusarse de intervenir.
El Ministerio Público Fiscal, con la actuación del fiscal subrogante doctor Oscar Cañete, llevó adelante una investigación exhaustiva que involucró a la Policía Federal Argentina, peritos del Superior Tribunal de Justicia y tasadores oficiales. El trabajo permitió comprobar que Ocampo, pese a su carrera política y sus ingresos legítimos, no contaba con la capacidad económica para justificar la magnitud de sus bienes.
Entre los activos embargados y ahora decomisados en favor del municipio, se incluyen el complejo de 15 departamentos y un vehículo, todos valuados en más de 400.000 dólares. También se ordenó la devolución del total de los alquileres percibidos desde la fecha del embargo.
Juicio abreviado y condena
Previo al inicio del juicio, el fiscal Cañete y la defensora oficial Julieta Lacroze acordaron un juicio abreviado pleno, mediante el cual Ocampo reconoció su responsabilidad penal y aceptó los términos de la acusación. El Tribunal Oral Penal de Mercedes homologó el acuerdo y dictó la sentencia: tres años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de todos los bienes involucrados.
El exfuncionario accedió a la libertad condicional, ya que había cumplido dos años de prisión preventiva entre 2017 y 2019, período durante el cual se desarrolló gran parte de la investigación.
El Tribunal calificó los hechos bajo las figuras de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Enriquecimiento ilícito en concurso real, previstos en los artículos 265 y 268 (2) del Código Penal, en función de los artículos 45 y 55 del mismo cuerpo legal.
