El escándalo que rodea al empresario Federico Andrés “Fred” Machado sumó este martes un nuevo capítulo decisivo: la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó su extradición a los Estados Unidos, donde deberá enfrentar cargos por narcotráfico, lavado de dinero, fraude electrónico y asociación ilícita.
La resolución deja en manos del Poder Ejecutivo nacional la decisión final sobre su traslado, que deberá resolverse en un plazo de diez días hábiles. El Gobierno puede aún negarse a concretar la extradición si considera que existen razones de soberanía, seguridad o interés público que lo justifiquen.
Machado es acusado por la Justicia norteamericana de integrar una red internacional de tráfico de cocaína. Los fiscales estadounidenses lo vinculan con la posesión y distribución de al menos cinco kilos de droga, su fabricación, y la importación ilegal a territorio norteamericano.
Además, enfrenta acusaciones por conspirar para cometer lavado de activos y fraude electrónico, delitos que —de ser confirmados— podrían significarle penas severas bajo la legislación federal de Estados Unidos.
Su defensa planteó múltiples objeciones para frenar el proceso: alegó la inexistencia de “doble incriminación” (la necesidad de que los delitos sean punibles en ambos países) y denunció la supuesta parcialidad del magistrado que intervino en el expediente. También puso en duda la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 24.767, que regula los procedimientos de extradición.
El vínculo con José Luis Espert
Machado en las últimas horas declaró haber financiado parte de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, con aportes que incluirían más de USD 200.000 por “asesorías” mineras en Guatemala y cerca de USD 350.000 en vuelos privados durante el período electoral.
Espert, por su parte, rechazó las acusaciones y sostuvo que jamás recibió dinero de manera ilegal ni participó en ninguna operación irregular.
Mientras se define su futuro, Fred Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma, Río Negro. La aprobación de la Corte marca un hito judicial, pero el paso siguiente será estrictamente político: el Poder Ejecutivo deberá decidir si autoriza su extradición o si, por motivos de soberanía nacional, resuelve mantenerlo en el país.
