● Más de 1.900.000 argentinos tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, según datos oficiales a marzo de 2025. Representan el 4,1% de la población total del país.
● La provincia de Buenos Aires y CABA concentran más de la mitad de los certificados emitidos. Pero si se considera la tasa por cada 10 mil habitantes, CABA y Río Negro son las jurisdicciones con más CUD vigentes.
● La emisión de CUD de menores de edad se duplicó después de la pandemia. Las razones: hay más juntas evaluadoras, crecimiento de problemáticas socioeconómicas y medicalización de la infancia.
Por Ruido
Mientras el presidente Javier Milei se prepara para vetar la ley de emergencia en discapacidad, continúan las auditorías para revisar y dar de baja las pensiones por discapacidad laboral que el gobierno considera “mal entregadas”.
La polémica sigue girando en torno a las sospechas de irregularidades con los Certificados Únicos de Discapacidad, como que no cuenten con documentación médica válida, estudios complementarios requeridos o que no hayan sido renovados en los plazos previstos.
¿Cuántas personas con CUD hay en Argentina?
En su último informe de gestión ante el Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete Guillermo Francos indicó que hasta marzo de este año, 1.900.061 personas tenían Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en el país. Los datos pertenecen a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Ese número representa el 4,1% de la población total y es un poco menos de la mitad que el registrado en el último Censo 2022 (10,2%).
“El Censo es una aproximación, no una ciencia exacta. Para tener una estadística cierta de la población de discapacidad en Argentina, lo ideal es cruzar el censo con los registros del CUD”, explica Luis Bulit Goñi, expresidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y exvicepresidente de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down.
“Históricamente la Argentina tiene un subregistro: hay más personas con discapacidad que personas con discapacidad registradas”, dice Bulit Goñi.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 16% de la población mundial tiene discapacidad. Esto equivale a más de 1.300 millones de personas.
Según los datos de ANDIS, la mayor cantidad de certificados emitidos corresponde a niños de entre 0 y 14 años (28,8%). La deficiencia física motora (24,5%) y la mental (23,6%) son las principales causas.
El origen de la discapacidad del 30,9% de las personas con CUD es adquirido; el 13,5% es congénito y el 55,7%, desconocido.
¿Cuántas personas con CUD hay en cada provincia?
Los datos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad de la ANDIS muestran que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) concentran la mitad de los certificados emitidos. Esto se relaciona con el peso específico que tienen ambas jurisdicciones en la población del país.
El 40,5% de los CUD vigentes a marzo de 2025 corresponden a la provincia de Buenos Aires; el 9,7%, a CABA; 7,4%, a Santa Fe; y el 6,7%, a Córdoba.
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se denegaron 20.193 certificados, según los datos oficiales. La provincia de Buenos Aires ostenta el porcentaje más alto de CUD denegados (41,8%). Le siguen, muy lejos, Mendoza (7,3%) y CABA (5,7%).
La emisión de certificados fue creciendo año tras año desde el inicio del Registro. Se registró una leve baja en 2018 y una caída abrupta durante la pandemia. Por ejemplo, en 2009 se emitieron 8.756; en 2015, 206.114; en 2019, 274.469; en 2020 (pandemia), 119.570 y trepó a 307.940 en 2022. En el acumulado de CUD emitidos por año se observa que pasó de 138.932 en 2011 a 1.900.061 en mayo de 2025.
“Los anuarios de ANDIS expresan un aumento de las estadísticas de certificación de manera sostenida. Estos anuarios existen desde 2009; antes no había estadísticas”, explica Axel Levin, magíster en Antropología Social, doctorando en Ciencias Antropológicas (FFyL-UBA) e investigador sobre la certificación de discapacidad,
¿Cuántas personas con discapacidad cobran pensiones no contributivas?
El otorgamiento de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral viene creciendo de manera ininterrumpida desde 2018. Según datos oficiales, ese año el 18,4% de las personas con CUD percibía pensión no contributiva. En 2019 y 2020, la cifra trepó al 33,7%. Al año siguiente subió a 35,8%, y en 2022 llegó a 41,4%.
Entre enero de 2024 y abril de 2025 se otorgaron en total 6.853 PNC.
Las pensiones no contributivas se otorgan a personas que se encuentran imposibilitadas de trabajar y en situación de vulnerabilidad social.
No es requisito para solicitarlas tener el CUD, pero sí presentar el Certificado Médico Oficial (CMO), que se obtiene en los hospitales públicos.
En febrero de 2025, el Ministerio de Salud junto a ANDIS y PAMI iniciaron el proceso de auditoría, lo que generó reclamos de organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad. Por ejemplo. ACIJ destacó que el proceso de auditoría presenta “graves problemas” que impiden el ejercicio del derecho de defensa por parte de los beneficiarios.
Hasta el momento, el Gobierno nacional suspendió 65.789 pensiones que “no cumplieron con los requisitos establecidos”, según el comunicado de ANDIS.
Creció la emisión de CUD en menores de edad en los últimos 10 años
La emisión de certificados de discapacidad en menores de 18 años creció más del doble en la última década.
Según los últimos datos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, en 2015 se otorgaron 58.231 CUD a menores de 18 años, lo que representaba el 7,2% del total. El número creció año tras año hasta 2019, cuando el porcentaje llegó a ser el 10,3% (83.519 CUD).
En 2020, primer año de la pandemia, la cifra cayó a la mitad (39.480) para aumentar a partir de 2021 (61.389) con una gran suba en 2022 y 2023 -110.316 (13,6%) y 112.124 (13,9%)-, respectivamente. En 2024 se otorgaron 128.999 (12,2% del total).
“El crecimiento de la certificación de discapacidad está estrechamente vinculado al recrudecimiento de problemáticas socioeconómicas y a la escasez creciente de políticas públicas de carácter universal”, dice Levin. Y ejemplifica: “Si el hospital Garrahan cierra o reduce sus servicios por falta de inversión (…), los niños que antes podían acceder de manera gratuita a esas prestaciones del hospital público, y que no tienen recursos económicos para pagarlos por vía privada, necesariamente deberán recurrir a un CUD para intentar obtener esas prestaciones por otras vías”.
Por otro lado, indica Levin, el aumento en la certificación de discapacidad se explica por la multiplicación en la cantidad de juntas en la última década en el país. A eso se suma la creciente medicalización de la infancia, en particular vinculada a la salud mental, de la mano del uso de tecnologías digitales durante la crianza y de las consecuencias vinculares que trajo la pandemia.
El 74,4% de los menores de edad con certificados de discapacidad viven en la provincia de Buenos Aires (303.645). Le siguen en cantidad, los otorgados en la provincia de Córdoba: 76.693, que representan el 18,8% del total. A continuación, CABA con 53,826 (13,2%) y Santa Fe, con 52,252 (12,8%).
¿Cuáles son los criterios para otorgar un CUD?
La normativa vigente para la evaluación de la discapacidad se encuentra en la Ley N° 22.431 (Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas) y la Ley N° 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad). Estas leyes establecen el marco para la evaluación, certificación y acceso a derechos y prestaciones para personas con discapacidad.
A partir de la adhesión de Argentina en 2008 a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cambió la manera de entender y certificar la discapacidad en el país.
Axel Levin explica que la creación de Juntas de Evaluación y Certificación interdisciplinarias (compuestas por un médico, un psicólogo y un trabajador social) fue uno de los principales cambios. Lo que certifica -agrega- no es un diagnóstico clínico, sino que comprueben que el solicitante del CUD presenta limitaciones en el desempeño de su vida cotidiana y participación social.
Bulit Goñi sostiene: “El criterio de las juntas evaluadoras varía según la jurisdicción porque si bien hay criterios no hay un baremo (N. de la R.: tabla o escala de valores que se utiliza para evaluar el grado de discapacidad de una persona) al que te puedas ajustar. Cada junta emite opinión aunque la ANDIS tiene la facultad de supervisión”.Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.
