La Justicia Federal autorizó una investigación especial en barrios rosarinos y marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Argentina
En una medida sin precedentes, la Justicia Federal habilitó por primera vez la aplicación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como Ley Antimafia, en una zona geográfica concreta de Rosario, Santa Fe. La decisión fue adoptada por el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz, a pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación y fiscales de la PROCUNAR, marcando un punto de inflexión en la estrategia nacional contra el crimen organizado.
Con esta resolución, Rosario se convierte en el primer territorio del país donde se activa formalmente esta normativa, diseñada para desarticular mafias con anclaje territorial a través de herramientas judiciales y operativas extraordinarias.
La iniciativa se enmarca en la Resolución 572/25 del Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada por la ministra Patricia Bullrich, que instruye a solicitar la habilitación judicial para implementar medidas especiales de investigación en barrios donde se multiplican los hechos delictivos vinculados a bandas narcocriminales.
Durante la audiencia realizada en los Tribunales Federales de Rosario, participaron el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, y el director nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, junto a los fiscales Diego Iglesias (PROCUNAR), Matías Scilabra (PROCUNAR NEA), Juan Argibay Molina (PROCELAC) y Javier Arzubi Calvo (Unidad Fiscal Rosario). Todos ellos respaldaron el pedido judicial en representación del Ministerio Público Fiscal.
La resolución del juez Rodríguez Da Cruz establece una zona sujeta a investigación especial, conforme al artículo 4° de la Ley Antimafia, lo que autoriza la utilización de herramientas de inteligencia criminal excepcionales, como seguimientos, escuchas, análisis financieros y otras técnicas que refuercen las capacidades del Estado para desarticular organizaciones criminales complejas.
Además, se confirmó que la estrategia incluye un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Esta coordinación busca potenciar la persecución penal, ordenar las competencias jurisdiccionales y evitar la dispersión de causas, en una acción que busca mostrar resultados concretos en el territorio.
La medida representa un hito judicial y político en el marco de una ciudad golpeada por la violencia narco y el accionar de mafias territoriales. Ahora, con el aval de la Ley Antimafia, el Estado nacional despliega una estrategia integral de intervención con mayor respaldo jurídico, logístico y operativo.
¿Qué implica la Ley Antimafia?
La Ley 27.786 permite declarar zonas de intervención especial, donde el Poder Judicial puede aplicar técnicas de investigación ampliadas para delitos cometidos por asociaciones ilícitas, narcotráfico y organizaciones mafiosas. Su activación en Rosario implica el uso de medidas que hasta ahora no habían sido formalmente utilizadas en ninguna región del país.
Este paso refuerza el mensaje del Gobierno Nacional de avanzar sin concesiones contra las mafias que operan con violencia y poder territorial, particularmente en una ciudad que ha sido epicentro de crímenes ligados al narcotráfico en los últimos años.
Rosario se convierte, así, en el laboratorio de una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado en Argentina.
