La Justicia de Goya actuó de oficio luego de que una mujer denunciara que su ex cuñado la dejó sin luz para obligarla a abandonar su casa. El caso expone una forma silenciosa de violencia que afecta a mujeres en situaciones de separación.
Lo que comenzó como un trámite judicial de rutina por alimentos y tenencia de hijas se transformó en una intervención urgente por violencia familiar. En Goya, una mujer que había conseguido judicialmente el derecho a vivir en la casa que compartía con su expareja se encontró con un obstáculo inesperado: el corte deliberado de electricidad por parte de su ex cuñado, quien vive al lado y tenía el control del suministro.
El caso ocurrió en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°2 de Goya, donde la jueza María Gabriela Dadone intervino con rapidez y firmeza. La mujer, a quien se identificará como “Vera” para resguardar su identidad, había solicitado la regulación de la tenencia de sus hijas, de 12 y 6 años, alimentos y el uso del hogar conyugal, una vivienda que ella misma ayudó a construir junto a su expareja.
El 13 de noviembre de 2024, la jueza le otorgó el uso de esa vivienda. Sin embargo, en una audiencia posterior, Vera reveló que no podía habitarla porque su ex cuñado, “Julián”, hermano de su expareja, había bajado la llave del medidor de electricidad que abastecía ambas casas, dejándola sin luz, sin agua caliente y sin heladera.
La magistrada no dudó en calificar el hecho como un acto de violencia familiar, una forma de control y coerción que suele pasar desapercibida: la violencia patrimonial y ambiental. Es decir, la afectación de condiciones materiales básicas con la intención de someter o desplazar a la persona afectada.
Este tipo de violencia, silenciosa pero contundente, apunta a quebrar la voluntad y la estabilidad de quien la sufre. En este caso, afectó no solo a Vera, sino también a sus hijas menores, que quedaron en una vivienda inhabitable por decisión arbitraria de un tercero.
La Justicia actuó de oficio
Frente a esta situación, la jueza Dadone no esperó una denuncia policial. Actuó de oficio: ordenó la reconexión inmediata del suministro eléctrico y dispuso la apertura de un expediente por violencia familiar contra Julián. Además, notificó al Ministerio Público Fiscal para que investigue si el accionar del ex cuñado configura el delito de usurpación por turbación de la posesión.
Para evitar que la situación se repita, también ordenó la colocación de un medidor independiente para Vera, con el objetivo de garantizarle acceso autónomo a un servicio básico como la electricidad. Como medida preventiva, estableció que el hermano del denunciado asuma el costo de la nueva instalación, y que Julián restablezca el servicio mientras se lleva a cabo la reconexión definitiva.
Una alerta para ver lo que muchas veces no se quiere ver
Este caso, es más que una disputa entre parientes. Pone en evidencia una forma de violencia estructural que muchas veces queda invisibilizada en los procesos posteriores a la separación: cuando, a pesar de las decisiones judiciales, las mujeres siguen expuestas al control y el hostigamiento por parte de su ex entorno familiar.
La intervención rápida de la Justicia no solo devolvió la dignidad a Vera y a sus hijas, sino que dejó un mensaje claro: quitar la luz, cortar el agua o limitar el acceso a bienes esenciales también es violencia y debe ser tratada como tal.
