Por Corrientes al Día
Leonardo Cositorto, el rostro más visible del escándalo Generación Zoe, vuelve a ocupar el banquillo de los acusados. Esta vez, el escenario es la ciudad de Salta, donde se lo juzga por haber encabezado una nueva maniobra de estafa piramidal. El juicio comienza este jueves a las 9.30 en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial provincial, y se trata de la segunda vez en el año que enfrenta cargos similares. La primera fue en la provincia Corrientes, donde ya recibió una condena de 12 años de prisión.
En este nuevo proceso, la Fiscalía salteña le imputa haber liderado una filial de Generación Zoe desde 2021, operando desde una oficina ubicada en calle Pellegrini 782. Desde allí, junto a un grupo de colaboradores, habría captado dinero de al menos 118 personas con promesas de rentabilidad imposibles de cumplir: retornos mensuales de hasta un 10%, supuestos “robots financieros” que duplicaban el capital en 90 días, y membresías educativas con beneficios ficticios.
Cositorto, otra vez cara a cara con la justicia
El tribunal está integrado por los jueces Martín Pérez, Javier Araníbar y Leonardo Gabriel Feans. La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), será la encargada de sostener la acusación.
Aunque la abogada Sandra Domene iba a asumir la defensa de Cositorto, se excusó por razones personales. En su lugar, una asesora letrada lo representará durante las audiencias, en coordinación con su abogado principal, Guillermo Dragotto, que llegará a Salta la próxima semana.
Cositorto fue trasladado desde la cárcel de Goya, y desde su arribo a tierras salteñas está alojado en la Alcaidía General, bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial.
Además del excoach motivacional, también están imputados Ricardo Gabriel Vilardel —señalado como el principal referente local de Zoe—, su hermano Jorge Federico, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. Todos ellos son juzgados como coautores de asociación ilícita y estafas reiteradas.
Según la acusación, Ricardo Vilardel era quien recibía el dinero directamente de las víctimas; Jorge se encargaba de la atención al público; Ana Lucía figuraba como titular de cuentas bancarias utilizadas para canalizar fondos, y Albornoz se ocupaba de organizar eventos para atraer a nuevos “inversores”.
El daño económico documentado en esta causa alcanza los 5.682.500 pesos y 574.120 dólares. Pero desde el Ministerio Público Fiscal no descartan que la cifra real sea mucho mayor. En Corrientes, los montos tampoco fueron menores: allí fue condenado por 98 hechos de estafa y asociación ilícita junto a sus principales socios.
Salinas Odorisio no duda de la similitud entre ambos casos: “Se trataba de una estructura piramidal disfrazada de empresa educativa, con mecanismos de captación agresiva, recompensas por referidos y rendimientos imposibles de sostener”, explicó.
¿Una nueva condena?
Si bien ya fue condenado en Corrientes, la posibilidad de una nueva sentencia en Salta es completamente válida. El Código Penal argentino permite la unificación de penas en caso de múltiples condenas, aunque con un límite máximo de 50 años de prisión. La unificación puede ser solicitada por cualquiera de las partes, pero solo cuando las sentencias estén firmes.
La diferencia técnica entre los casos también puede jugar un rol clave. En Corrientes, los hechos fueron juzgados como delito continuado, mientras que en Salta se los trata como delitos reiterados, una distinción que podría influir en la duración total de la pena.
Cositorto sigue sumando frentes judiciales. Además de Corrientes y Salta, enfrenta causas elevadas a juicio en Córdoba, investigaciones abiertas en Rosario y una causa federal en Buenos Aires por lavado de dinero, actualmente en etapa de instrucción.
