El Juzgado de Familia de Santa Lucía, a cargo del doctor Daniel Alejandro Azcona, ordenó la prohibición inmediata de publicar, reproducir o difundir imágenes o datos que permitan identificar a un niño involucrado en un caso de acoso escolar en la localidad correntina de Lavalle.
La resolución fue dictada en el expediente “M.C.I. s/ Dcia. Sup. Niños en Riesgo (en el entorno escolar) – Lavalle” (Expte. Z16 23537/25), luego de que la Asesoría de Menores e Incapaces de Goya alertara sobre la circulación de fotografías del rostro y cuerpo del menor. Ante esta situación, y con habilitación de días y horas inhábiles, se dispuso la medida con carácter urgente.
El magistrado recordó que tanto la Ley Nacional N° 26.061 como el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia de Corrientes (Ley 6580) protegen especialmente los derechos a la identidad, intimidad e integridad de niños, niñas y adolescentes. “La imagen y la identidad son derechos constitucionalmente reconocidos y, como tal, deben ser respetados por todos, en especial por quienes tienen la responsabilidad de informar”, sostuvo el juez en la resolución.
Asimismo, advirtió que replicar imágenes sin verificar su origen no es un acto de información legítimo, sino una conducta que puede revictimizar y vulnerar derechos fundamentales, contraria al interés superior del niño.
Medidas adoptadas
El Juzgado ordenó:
•La prohibición expresa de difundir imágenes o datos identificatorios del niño, quien deberá ser mencionado solo por sus iniciales.
•La publicación de esta medida a través de la Oficina de Prensa del Poder Judicial y su difusión por la Unidad Regional II de Goya.
•La notificación a la Asesoría de Menores e Incapaces interviniente y al Departamento de Protección de la Niñez y Adolescencia (DIPNA).
Desde el Poder Judicial de Corrientes se insta a la comunidad, especialmente a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales, a ejercer una comunicación responsable, evitando toda forma de exposición que pueda afectar la dignidad o el bienestar de niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales.
