En la Sala del Tribunal Oral Penal N° 1 comenzó el juicio contra cinco policías y un funcionario acusados por la muerte de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que murió ahogado en noviembre de 2021 tras un operativo policial en la Costanera Sur. A pesar de estar separados de sus funciones, los efectivos llegan al juicio en libertad.
Los imputados, todos integrantes del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR), están acusados de abandono de persona agravado por el resultado muerte, apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La querella, en representación de la familia de Lautaro, sostiene que fue una persecución desmedida y que los oficiales actuaron con extrema violencia, provocando que el joven se arrojara al río para escapar.
Un operativo que terminó en tragedia
El hecho que derivó en este juicio ocurrió la noche del 7 de noviembre de 2021. Lautaro y un amigo de 17 años estaban en la costanera cuando una pelea masiva desató un amplio despliegue policial. En medio del caos, una patrulla fue atacada y varios móviles comenzaron a perseguir a un grupo de jóvenes.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los adolescentes fueron acorralados en la zona del terraplén, cerca del Puente General Belgrano. Para escapar de la persecución, Lautaro y su amigo se arrojaron al agua. Solo uno logró salir, y según su testimonio, fue recibido con patadas y amenazas para que no hablara. Lautaro, en cambio, nunca fue auxiliado y murió ahogado. Su cuerpo apareció tres días después.
Seis acusados, un solo juicio
Cinco de los policías –Carlos Prieto, Juan Aveiro, Sergio Barberán Robledo, Omar Aguirre y Maximiliano Romero– enfrentan penas que van de 5 a 15 años de prisión, mientras que el sexto, Vicente Pruyas Suárez, podría recibir hasta 2 años por incumplimiento de sus deberes.
El tribunal está compuesto por la jueza Ana del Carmen Figueredo y los vocales Darío Ortiz y Román Esquivel. La defensa de los imputados está a cargo de los abogados Jorge Buompadre, Mónica Montañez Vázquez, Diego Falcón, Carlos Navarro y Francisco Leguizamón. Por parte de la familia Rosé, los doctores Hermindo y Sonia González llevan adelante la acusación particular.
La querella apunta a demostrar que los efectivos abandonaron a Lautaro a su suerte y que el accionar del GIR fue abusivo desde el inicio. La defensa, en tanto, intentará desacreditar las acusaciones y sostener que no hubo intención de dañar al joven.
