Un contundente mensaje desde Washington sacudió el escenario político argentino: el gobierno de Donald Trump vetó el ingreso a Estados Unidos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por su implicación en causas de corrupción. La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no escatimó en críticas.
“La ex presidenta y su ministro abusaron de sus cargos, orquestando esquemas de sobornos vinculados a contratos de obra pública, y se beneficiaron personalmente de millones de dólares robados al Estado argentino”, sostuvo Rubio en un comunicado oficial.
La sanción, que implica la inmediata prohibición de entrada a territorio estadounidense, también alcanza a familiares directos: Máximo y Florencia Kirchner, hijos de Cristina, y Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, figuran en la lista negra de Washington.
Según el Departamento de Estado, los tribunales argentinos ya han condenado a ambos ex funcionarios en distintas causas, y sus actos “socavaron la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro del país”.
Con esta decisión, la administración Trump busca enviar una señal de respaldo a la justicia argentina y marcar una postura firme contra la corrupción de alto nivel en América Latina.
La noticia genera repercusiones tanto en el ámbito político como judicial, y deja en claro que, para la Casa Blanca, los vínculos entre corrupción y poder no pasarán inadvertidos.
