El Ministerio de Seguridad Nacional, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires. Se la acusa de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, tras ordenar la liberación masiva de detenidos sin analizar pruebas ni respetar los procedimientos legales.
La denuncia, presentada en el fuero federal, sostiene que la magistrada ordenó la liberación de 114 personas detenidas durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación, sin evaluar pruebas ni antecedentes penales.
Según el escrito, Andrade habría interferido arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y además, tomó su decisión a través de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía.
Entre los liberados había individuos con antecedentes por lesiones, tráfico de drogas, tenencia de armas y robo, lo que agravó la controversia en torno a su accionar.
Denuncia por sedición y atentado al orden democrático
Cabe recordar que días atrás, el Ministerio de Seguridad ya había denunciado penalmente a Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y Asociación Ilícita Agravada.
El escrito sostiene que los disturbios no fueron espontáneos, sino parte de una estrategia organizada con fines desestabilizadores, que incluyó la participación de barras bravas y manifestantes pagos.
Policías heridos y destrozos en el Congreso
Los incidentes del 12 de marzo dejaron un saldo de más de una docena de policías heridos, además de graves destrozos, como la quema de vehículos oficiales y daños en el espacio público.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que continuarán con las acciones judiciales para determinar responsabilidades y evitar la impunidad en los hechos de violencia registrados en la marcha.