El inmueble estaba en manos de un particular que lo explotaba comercialmente como pensionado.
Después de más de dos décadas de ocupación ilegal, la Fiscalía de Estado de Corrientes logró recuperar una propiedad perteneciente al patrimonio provincial, ubicada en 25 de Mayo N° 526, en el casco histórico de la Capital, dentro del exclusivo barrio Deportes. El inmueble había sido tomado por Gustavo Javier Zenón, quien lo convirtió en un pensionado con tres departamentos y un depósito, obteniendo ingresos mensuales mediante alquileres.
El proceso legal, que inició en 2005 cuando Zenón intentó apropiarse del predio mediante una demanda de prescripción adquisitiva, finalizó con un fallo a favor del Estado. La Justicia rechazó su reclamo y ordenó la restitución del inmueble a la provincia.
Una batalla legal extensa, pero con resultado favorable para la Provincia
La usurpación de este bien público se originó en 1984, cuando la abuela de Zenón ingresó al lugar y posteriormente le cedió los derechos al acusado. Sin embargo, la Fiscalía de Estado defendió el patrimonio provincial, rechazando la demanda de prescripción adquisitiva y contraatacando con una acción de reivindicación.
Durante el litigio, se presentaron múltiples pruebas, incluyendo testimoniales, documentales y pericias, las cuales evidenciaron la falta de legitimidad en la posesión del inmueble. No obstante, los intentos de dilación por parte de Zenón prolongaron el proceso por años.
Finalmente, en 2022, la Jueza Varina Machado, del Juzgado Civil y Comercial N° 13, falló a favor de la Provincia, determinando que Zenón no cumplía con los requisitos legales para adquirir el dominio del bien. Con esta resolución, la Fiscalía de Estado, encabezada por Horacio David Ortega, pudo concretar la recuperación definitiva del inmueble.
Un nuevo logro en la recuperación de bienes públicos
Este caso se suma a otras recuperaciones llevadas a cabo en los últimos tres años por la Fiscalía de Estado, bajo la gestión de Ortega y en línea con las directivas del gobernador Gustavo Valdés. La política de defensa del patrimonio provincial sigue firme, garantizando que los bienes del Estado no sean apropiados ilegalmente por particulares.
