Lo que comenzó como una manifestación pacífica frente al Congreso de la Nación en defensa de los jubilados terminó en una jornada de violencia extrema. Barrabravas y militantes kirchneristas y de agrupaciones de izquierda coparon la protesta, enfrentándose con las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 124 detenidos y 46 heridos.
El epicentro del conflicto se desató en la intersección de Rivadavia y Entre Ríos, donde encapuchados atacaron a las fuerzas federales con piedras, palos y bombas caseras. En respuesta, la policía desplegó gases lacrimógenos para contener la escalada de violencia.
La jornada dejó una ola de destrucción en el centro porteño: más de 70 contenedores incendiados, tres motos y dos patrulleros calcinados, además del destrozo de baldosas en la Plaza Congreso, utilizadas como proyectiles contra la policía. La violencia se expandió hasta Plaza de Mayo, donde se registraron nuevos disturbios frente a la Casa Rosada.
¿Un reclamo legítimo o una maniobra política?
Si bien la convocatoria fue presentada como un reclamo por la situación previsional, el Gobierno denunció que la marcha tenía un trasfondo político con el objetivo de desestabilizar la gestión de Javier Milei. El Ministerio de Seguridad, bajo el mando de Patricia Bullrich, desplegó un operativo antipiquetes con más de 50 efectivos para garantizar el orden, pero la escalada de violencia fue inevitable.
El saldo de la represión dejó un total de 124 detenidos, de los cuales 94 fueron liberados este jueves. Entre los heridos se encuentra el reportero gráfico Pablo Grillo, quien recibió una lesión en la cabeza por una cápsula de gas lacrimógeno.
El Gobierno advirtió que este tipo de manifestaciones con tintes violentos no serán toleradas y que se reforzarán los operativos de seguridad en futuras protestas.
