El reciente decreto del Presidente de la Nación, Javier Milei, que dispone el nombramiento en comisión de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia generó rechazo en el ámbito político y judicial. Desde el Bloque de Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) calificaron la decisión como “grave, imprudente e innecesaria”.
La principal objeción de la UCR radica en que la Constitución Nacional establece procedimientos específicos para la designación de jueces de la Corte Suprema, mecanismos que en este momento se encuentran plenamente operativos. Según el bloque radical, la medida adoptada por el Ejecutivo no responde a una situación extraordinaria que justifique el uso de esta herramienta.
Además, el país se encuentra a las puertas de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, lo que para los senadores de la UCR evidencia que el procedimiento constitucional de designación de jueces podría haberse seguido con normalidad y en un marco de consenso.
Preocupación por la institucionalidad
Desde la oposición advierten que este tipo de decisiones pueden derivar en una crisis institucional. “Esperamos que se retome el camino de la búsqueda de consensos para normalizar esta situación”, expresaron los senadores radicales, enfatizando que la designación de magistrados de la Corte debe ser un proceso transparente y debatido en el ámbito legislativo.
Este nuevo episodio reaviva el debate sobre la independencia del Poder Judicial y los límites del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones que afectan a la Corte Suprema. Mientras el Gobierno justifica la medida argumentando la necesidad de completar la integración del máximo tribunal, sectores de la oposición insisten en la necesidad de respetar los procedimientos constitucionales establecidos.
