La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dictó prisión preventiva para diez personas vinculadas a la Fundación Lucio Dupuy, quienes están acusados de obstruir la investigación por la desaparición Loan Danilo Peña, el menor de cinco años, visto por última vez el pasado 13 de junio en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. El domingo 13 de octubre se cumplieron cuatro meses sin noticias del menor.
Entre los procesados se encuentran figuras como el psicólogo Federico Colombo, detenido en Tucumán, y Nicolás Soria, conocido como “El Yanqui” o “El Americano”. También figuran los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda, además de otros como Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni, y Leonardo Rubio, oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba fuera de servicio al momento de intervenir en Goya.
Pozzer Penzo les atribuye cargos que incluyen resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, estafa calificada, violación de pruebas y secreto profesional, encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad. La justicia sostiene que este grupo, desde un hotel en 9 de Julio, habría manipulado testimonios clave en la investigación, incluyendo el de menores presentes el día de la desaparición, y de personas como Camila Núñez y Macarena, hija de Laudelina Peña, tía de Loan.
De los diez procesados con prisión preventiva, el que más complicada tiene su situación es sin duda el “Americano”, Nicolás Gabriel Soria, un turbio sujeto nacido en Avellaneda, que aparece como directivo de una empresa de importaciones con sede en Miami pero fundada por un ciudadano asiático. Soria, desde su aparición en escena en 9 de Julio, se presentaba como integrante de la DEA, el FBI, la CIA y hasta interpol dependiendo de quién sea su interlocutor.
En alguna ocasión pretendió allanar domicilios esgrimiendo falsas órdenes de allanamiento, interrogó personas y hasta ofrecía electrodomésticos a cambio de testimonios obviamente orientados por él. Intentó además impedir que la Prefectura Naval cumpliera con órdenes de la juez Pozzer Penzo.
Ahora, en su escrito la Jueza Federal de Goya lo acusa además del presunto delito de suministro de estupefacientes a título gratuito, atentado a la autoridad y usurpación de títulos al llevar públicamente insignias de un cargo que no ejerciere, en concurso real.
Por su parte al psicólogo Federico Rossi Colombo, además de los delitos imputados antes mencionados, la Jueza Pozzer Penzo lo señala por los delitos de falso testimonio cometido en audiencia, usurpación de títulos y violación de secretos, en concurso real. La Jueza Federal dispuso el traslado de los detenidos al Servicio Penitenciario Federal, oficiándose al Ministerio de Seguridad de la Nación.
“El caso concreto y visible de la obstaculización de este grupo emerge del día en que Prefectura pretendió realizar un acto habitual como es el reconocimiento de quienes estaban en el interior del denominado ‘hotel’, aunado a que contaban con una orden judicial al estar menores adentro”, dice el texto de más de 550 páginas firmado por la magistrada.
Pozzer Penzo añadió que no fue posible realizar el procedimiento “por las acciones que ellos habrían desplegado para evitar que narren lo percibido por sus sentidos de forma llana, sin intromisiones de terceros o ‘coucheos’ (coaching) resulta una faena dificultosa para las autoridades predispuestas por la casi inmediata intervención que tuvieron desde estar junto a los padres, a la abuela Catalina, a los familiares direccionando o intentando direccionar sus declaraciones sean por medios o en la justicia resulta sobradamente probado.
Por eso, dice la jueza, “el impacto es que este ‘entrenamiento’ realizado fuera del marco legal que impide estas acciones, el efecto es directo a la recolección de prueba y el impacto generado es dificultar el descubrimiento de la verdad real de los hechos como sus autores”.
“La amplitud probatoria evidenciada respecto de todas las partes del proceso en el transcurso de las investigaciones desde el comienzo en instancia federal, las diversas oportunidades de efectuar los respectivos descargos garantizando plenamente los derechos de cada una de ellas, son fundamento de solidez de las constancias de la instrucción que permiten fundar el auto de procesamiento hacia los diez detenidos en las causas acumuladas”, indica el documento judicial.
Y continúa: “Así, todos los hechos que aquí se juzgan fueron cometidos en el transcurso y en el marco de la investigación de la desaparición del menor Loan Danilo Peña con la pretensa finalidad de suplir aquello que los órganos predispuestos, entre ellos, del Poder judicial omitieran hacer, cayendo en situaciones que amén de estar fuera de la esfera de competencia, atribuciones de particulares por parte del Estado, constituyeron graves intromisiones dentro de un proceso en curso, en instancia de investigación preliminar donde por la especial naturaleza del objeto procesal reviste desde el comienzo particular sensibilidad social, humanitaria como enfatizara en varias oportunidades en el caso y la Cámara de Casación Penal al resolver la Acción de Habeas Corpus de Maciel”.
La jueza también solicitó a la Cámara Federal una prórroga de 30 días para definir la situación de otros implicados en el caso, como los tíos de Loan, Laudelina Peña y Antonio Benítez, y el ex capitán Carlos Pérez y su esposa.
El nuevo abogado de los padres de Loan, Juan Pablo Gallego, afirmó que la investigación está llegando a su etapa decisiva y que la responsabilidad de los diez acusados ya ha quedado esclarecida. También respaldó la solicitud de la jueza a la Cámara Federal, señalando que se trata de un proceso paralelo, pero estrechamente relacionado con la desaparición del niño. “Nos estamos acercando a la verdad”, concluyó Gallego.
Con información de La República Digital
