El Gobierno anunció oficialmente el jueves por la noche que el presidente Javier Milei vetará la reciente sanción del Senado sobre el proyecto de ley que propone un aumento del 8,1% en las jubilaciones. Según el comunicado oficial, la normativa aprobada “tiene como único objetivo destruir el programa económico”.
“La administración de Milei se ha comprometido con los argentinos a mantener el superávit fiscal a toda costa, y así lo hará”, señaló el Gobierno en un mensaje difundido a través de redes sociales.
El comunicado calificó la sanción del Congreso Nacional como un “acto de populismo demagógico”, señalando que el proyecto de ley es “irresponsable, ilegal e inconstitucional”. El Gobierno advirtió que la norma establece “gastos exorbitantes sin una partida presupuestaria correspondiente”, lo que, según ellos, llevaría inevitablemente a la emisión monetaria, al aumento de impuestos o al endeudamiento. “Estas son las mismas recetas que nos han conducido al fracaso durante los últimos 100 años”, destacó.
El proyecto aprobado por el Senado establece una actualización mensual basada en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), similar al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que el Ejecutivo implementó. Además, incluye una compensación adicional del 8,1% debido a que el aumento del 12,5% otorgado por el Gobierno no cubrió la inflación del 20,6% registrada en enero. Para evitar un desfasaje en la actualización de la canasta básica, se estableció un ajuste mínimo del 1,09%.
La Oficina del Presidente subrayó que “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, lo que en términos dinámicos representa un 25% del PBI, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar los jóvenes argentinos en el futuro, quienes, debido a medidas como esta, hoy en día son mayoritariamente pobres”.
“Mientras nos acusan de licuar las jubilaciones, desde enero estas han aumentado un 5% en términos reales, al mismo tiempo que hemos reducido el gasto y combatido la inflación”, señaló el comunicado oficial. Además, se calificó al proyecto de ley como “una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal”.
Finalmente, el Gobierno de Javier Milei, confirmó que vetará la ley, asegurando que no temen afrontar los costos necesarios para sacar al país de la decadencia en la que ha estado sumido durante décadas. “Es momento de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de quienes buscamos una Argentina diferente tras décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que usan la política para su beneficio personal”.
