En un decreto de necesidad de urgencia publicado la medianoche del lunes, el Gobierno de Javier Milei anunció la declaración de emergencia energética, marcando un hito en la gestión gubernamental y generando repercusiones a nivel nacional. La medida, que abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, así como el transporte y distribución de gas natural, se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, según lo estipula el texto oficial.
Una de las decisiones más significativas que destacan en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es la intervención del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), efectiva a partir del 1 de enero de 2024 hasta la designación de los nuevos integrantes del Directorio, quienes serán seleccionados conforme al artículo 8 del mismo decreto.
La Secretaría de Energía, a cargo de designar a los respectivos interventores del ENRE y el ENARGAS, jugará un papel crucial en este proceso. Además, el Gobierno invita a las provincias a coordinar con la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía para llevar a cabo las acciones de emergencia necesarias y garantizar la prestación de los servicios de distribución de electricidad correspondientes a su jurisdicción.
El DNU también establece mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, con el objetivo de mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión. Luis Caputo, en relación con la reducción de subsidios a la energía y el transporte, señaló que este proceso será gradual, extendiéndose a lo largo de uno o dos años.
En cuanto a la revisión tarifaria, ordenada por el artículo 43 de la Ley N° 24.065 y al artículo 42 de la Ley N° 24.076, el decreto establece que los cuadros tarifarios no podrán exceder el 31 de diciembre del 2024. Durante este proceso, se podrán aprobar “adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos” con el fin de asegurar la continuidad y normal prestación de los servicios, según lo determine la revisión de tarifas.
Este conjunto de medidas gubernamentales busca reconfigurar el panorama energético del país, introduciendo cambios significativos en la regulación y el funcionamiento de los servicios públicos de electricidad y gas natural. La intervención en los entes reguladores y la revisión tarifaria marcan un nuevo capítulo en la política energética, con un horizonte que se extiende hasta el final de 2024.
Fuente: infoenergía.info
