Como consecuencia del canje de deuda impulsado por Sergio Massa, que obliga a los organismos públicos a pesificar su tenencia de deuda en dólares, la presidenta de PRO Argentina Patricia Bullrich, instruyó a los legisladores –por medio de Luciano Laspina- a presentar un amparo contra los DNU 163 y 164/2023.
En la presentación se señala que el mero anuncio del canje nos deja al borde del default, según lo informa Fitch Ratings, una de las calificadoras de riesgo más importantes de Wall Street, quien decidió bajar la nota de los bonos argentinos, llevándolos de “CCC-” a “C”, una de las notas más bajas en su escala de medición de riesgo, representando una caída de 5 subcategorías.
El informe advierte además que, al momento de ejecutarse el canje, la calificación descenderá inexorablemente a “RD” (restricted default, es decir, un incumplimiento parcial).
Además, como en los decretos no se explícita que los bonos ley extranjera que ingresan al Tesoro serán reabsorbidos, en rigor estamos ante un “nuevo endeudamiento” disfrazado de “canje”.
Se exige a los organismos públicos que se desprendan de los bonos en dólares para destinar el 70% del producido a la compra de bonos en pesos argentinos y el 30% restante quedar a “libre disposición” de los organismos públicos para cubrir gastos. ¿No hay pérdida patrimonial en este caso utilizada para gastos corrientes? ¿Se va a usar con fines electorales?
El anuncio de Massa potencia un contexto en el que el riesgo país superó la barrera de los 2.500 puntos básicos.
En cuanto a la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el DNU 164/23 permite administrar y entregar activos del FGS sin los controles necesarios establecidos por las leyes 24.241 y 26.425 (que prevén el Sistema Integrado de Jubilaciones). El decreto deja en estado de vulnerabilidad a las futuras y actuales jubilaciones. Existe el riesgo de caer en un desfinanciamiento, en tanto no se garanticen los dividendos que se deben generar conforme a la ley, siendo esto en un daño irreparable.
Según sostienen los diputados en el documento presentado, la directora de la ANSES, Fernanda Raverta, debe cumplir con la función de salvaguardar el interés actual y a futuro del FGS. Su complicidad en la entrega y desfinanciamiento podrá generar su responsabilidad por el incumplimiento de su deber como funcionario público.
